María Jesús Montero, ministra de Hacienda, remitió un informe de 240 páginas a los gobiernos regionales sobre el sistema de financiación autonómica. El asunto es complejo y tiene una dimensión técnica indudable, pero no nos engañemos, la propuesta de la ministra está guiada por una óptica política. Montero parte de dos objetivos: Cataluña tiene que salir bien librada, con la particularidad de que debe ser a través de un mecanismo que no sea aplicable a Madrid, pese a ser las dos regiones más favorecidas por la variable del tamaño de población; las comunidades socialistas deben ganar y las del PP, perder.

El modelo de Montero reúne ambas finalidades. Entre las cinco regiones que salen perjudicadas están Madrid, Andalucía y Galicia, los principales enclaves del PP. Las dos mejor financiadas son Extremadura y Aragón, dos feudos socialistas. Asturias también sale mejorada, al reconocérsele que la prestación de servicios es muy costosa por la dispersión de la población, envejecimiento, orografía complicada, etc. Montero afirma que el coste de los servicios públicos en nuestra región está más de siete puntos por encima del promedio nacional. El modelo de la ministra fue analizado por Ángel de la Fuente, economista gijonés, investigador del CSIF, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y, quizás, el principal experto español en financiación territorial. Un tipo totalmente fiable por su competencia profesional y su probada independencia.

De la Fuente censura que en el modelo hay «trajes a medida», en vez de establecer reglas generales de reparto. Ese defecto ya viene de atrás. Es la única manera de satisfacer a Cataluña e irritar a Madrid, o de aupar a Extremadura y dañar a Andalucía. Primero se acuerda cuál debe ser el cociente de la división y luego se rehacen el dividendo y el divisor. El truco consiste en crear unos fondos que dota el Gobierno para beneficiar a comunidades concretas (nada que ver con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos). Se abandona el concepto de solidaridad y se crean rasgos artificiales que merecen ser premiados con los fondos creados ‘ad hoc’. Veamos un ejemplo de artificio salido de la pluma de la ministra para premiar a regiones con población dispersa: se calcula «la población que sería necesaria en cada comunidad para llevar todas sus provincias a la densidad media nacional, tras excluir a la población que reside en municipios de más de 75.000 habitantes». Átame esa mosca por el rabo.