Entre vísperas, celebraciones y digestiones se han ventilado los principales asuntos que estaban pendientes en la agenda del Principado. En unos pocos días han coincidido la aprobación de los presupuestos del Principado y la firma de la concertación social.

La reforma del Estatuto de Autonomía entra en la fase resolutoria, con la reunión del próximo martes de los tres grupos de la izquierda con Foro. Al parecer van a tratar de convencer a Adrián Pumares (Foro) de la bondad del trilingüismo oficial (castellano, bable, eonaviego). Qué labor más inútil la de seducir a un seducido.

Y por encima de todo lo anterior está la actualidad de la sexta ola de contagios que afecta a muchos más asturianos que las anteriores.

Con independencia del juicio que merezcan las decisiones tomadas en un grupo tan heterogéneo de cuestiones, hay en el contenido de todas ellas un componente de frivolidad que va en desdoro de sus protagonistas. No le veo otro remedio para ese mal que poner a gente seria en los puestos de responsabilidad.

Empecemos el recorrido por el Presupuesto del Principado para 2022. La aprobación estaba cantada desde que se presentó el proyecto, ya que se trata de una fotocopia del anterior, pero con más recursos gracias a los fondos europeos. Si hace un año sólo lo había rechazado el PP, no se hubiera entendido que la mayoría de la Cámara votara ahora en contra de un proyecto con el 22% más de inversión productiva.

La frivolidad está en determinados posicionamientos, tanto sea a favor como en contra. Ciudadanos, tras marear la perdiz de la negociación, apoyó las cuentas del Gobierno socialista sin lograr otro fruto que una partida para una oficina en Madrid o aumentar unos miles de euros la subvención para la temporada de ópera.

Y, sin embargo, todavía se atrevieron a decir que evitaron la subida de impuestos y lograron que no hubiera recursos para la oficialidad del bable, o que propician la reactivación de la economía y el empleo.

Qué decir de la irrisible incompatibilidad de Foro con el Presupuesto para poder, luego, arrimar el hombro a la reforma del Estatuto de Autonomía que preconiza la izquierda. A eso lo llaman ser de centro: dar unos pasos hacia la derecha y, a continuación, otro hacia la izquierda. Qué burdo.

O el teatro de Podemos: primero atacan a su portavoz, Daniel Ripa, luego coinciden en las enmiendas parciales con el PP y a la hora de votar eligen la abstención para ‘sofitar’ la unidad de la izquierda.

Por no hablar de la fuerza con que defendió sus enmiendas parciales el PP para mejorar el Presupuesto, cuando unos días antes había planteado, con no menor coraje, una enmienda a la totalidad para rechazar las cuentas.

La conclusión final es que no hay interlocutores serios. Las disculpas ocupan el sitio de los argumentos y las razones de partido están por encima de los intereses de la región.

Pasemos a la concertación social (981 millones de euros). Se dilató, sorprendentemente, la negociación hasta las Navidades, cuando se iba a firmar en los primeros días de noviembre. No se entendía lo que ocurría hasta que María Calvo (presidenta de Fade) pidió un giro para relanzar la economía y el empleo, al valorar que la concertación estaba escorada hacia el gasto corriente. Siendo muy generosos vamos a decir que, al final, se alcanzó un equilibrio.

Se perdió, no obstante, la ocasión de revisar profundamente el modelo de concertación, un pacto del que sólo se derivan obligaciones para el Gobierno, mientras los agentes sociales tienen el monopolio de la queja. No se entiende que se hayan firmado diez concertaciones sociales en la etapa autonómica sin hablar de productividad. Para elevarla se pueden poner incentivos. No hay nada más beneficioso para la región que aumentar la productividad. El estado del bienestar se asegura con aumentos de productividad y mejoras de competitividad. Sin empresas solventes no hay servicios públicos robustos.

Tampoco se entiende que en el texto firmado se incluya una mesa política para hablar de cuestiones que dependen exclusivamente del Principado, como la eliminación de las trabas burocráticas.

Vamos con los daños colaterales de la sexta ola. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, dimitió. Coincidió su renuncia con las quejas de Otea por las restricciones tomadas en el sector de la hostelería. El nexo entre protestas y dimisión es lo único tangible tras una despedida emotiva sin dar explicaciones políticas.

Me asombra que nadie de la Administración diga algo sobre este asunto. Si uno se deja llevar por los parabienes oficiales o por lo que dicen las ‘grupis’ del personaje, tal parecería que es una proeza abandonar el puesto cuando los contagios van de máximo en máximo.

El propio Rafael Cofiño se postula para seguir vinculado a la Dirección General; una propuesta insólita en un político dimisionario que le toca de oficio reintegrarse al puesto que tenía antes de asumir responsabilidades públicas.

Finalizó su carta de despedida con una consigna muy precisa, «todas cuidamos de todas», que viene a ser una contraseña de Podemos.

Una ubicación ideal para hacer de comodín dentro de un hipotético gobierno de unidad de la izquierda, tras las elecciones. No pudo ser viceconsejero con un Gobierno socialista, pero le sobran credenciales para ser consejero en un Gobierno de la triple izquierda.