Al gobernar entre las olas del virus el conflicto más destacado se da entre los responsables de la sanidad y la hostelería. Nos han dicho cientos de veces que la gran mayoría de los contagios se producen en locales cerrados y, descontando los domicilios particulares, son las cafeterías, restaurantes o bares los lugares más frecuentados. Decir esto no es castigar ni condenar a los empresarios del sector, que hacen lo que pueden, sino constatar una realidad. El forcejeo entre las consejerías de Salud y los hosteleros ha ido cambiando de argumento, estando en la actualidad centrado en el pasaporte covid y los medidores de CO2. Ahora bien, una cosa son las normas que se aprueban y otras muy distinta las costumbres del público.

Hay un sector no pequeño de ciudadanos que prescinde de la mascarilla en los bares. Como para comer y beber hay que quitar el tapabocas, cuando ya han acabado de deglutir se olvidan de utilizar el protector. Los dueños de los negocios y los empleados no pueden convertirse en inspectores de sanidad. No cito lugares de ocio nocturno, donde la problemática es aún más aguda. Lo cierto es que en todas partes los gobiernos dictan disposiciones que son contestadas por los hosteleros. En algunos países se aprobaron cierres por largos periodos de tiempo. Ejemplo de ello fue Francia, que hace un año mantuvo durante seis meses la hostelería cerrada.

En las Navidades, recién finalizadas, el cierre de los locales de ocio nocturno y los límites horarios a la hostelería han desatado una polémica entre el Principado y las organizaciones empresariales (Fade, Otea). Los hosteleros se sintieron engañados porque no se les avisó previamente; el consejero de Salud dijo en la Cámara autonómica que «Otea y Fade habían sido informados». Inmediatamente, Fade contestó con laconismo: «no se nos informó». No sé quién miente. Lo cierto es que el debate versa sobre un elemento secundario como es el aviso de los cierres. En una emergencia sanitaria, como en la que nos encontramos (hay cinco veces más de contagios que hace un año cuando crecía la tercera ola), los gobiernos pueden tomar las medidas que crean oportunas sin haberlas consensuado. Lo importante es la celeridad de su puesta en vigor, no que hayan sido previamente negociadas. Al Gobierno se le debe exigir que apruebe un plan de ayudas para los negocios afectados. No cabe escatimar. La hostelería tiene que recibir una indemnización en consonancia con el perjuicio causado por razones de salud pública.