La capacidad de legislar en la Junta General del Principado es mínima. El asunto viene de antiguo y se mantiene en el presente. En los debates de investidura se anuncian leyes para cada problema. Teme uno encontrarse con un exceso de normas, cuando ya las distintas administraciones bombardean con todo tipo de disposiciones. Sin embargo, en cuanto el mandato autonómico lleva recorrido un trecho se ve que el afán legislador no se traduce en leyes, aunque los gobiernos mantienen intacta la voluntad de intervenir en cualquier aspecto de la actividad social. Desde que se inició la presente legislatura, el 24de junio de 2019, hasta diciembre de 2020 (17 meses), solo se había logrado aprobar la Ley de Presupuestos de 2020 y estaban en tramitación otras tres leyes. Bien es cierto que la declaración del estado de alarma hizo que los plazos administrativos quedarán suspendidos durante dos meses.

Se podían pensar que en 2021, recuperada la normalidad en la actividad institucional, se tramitarían y aprobarían un conjunto de normas que ya estaban comprometidas. Ejemplo de ello son las leyes de Hacienda y Sector Público que estaba previsto aprobar en el otoño de 2020, pero se decidieron postergar unos meses para darles el visto bueno definitivo en 2021. Ya son historia 2020 y 2021 y las dos leyes siguen aparcadas. En resumen, que en lo que va de mandato, si exceptuamos las leyes de presupuestos y las que modifican el reglamento de la Cámara autonómica, sólo se aprobaron seis. Algunas son simples modificaciones de normas y otras son tan centrales para el devenir de Asturias como la creación de un colegio profesional o la que versa sobre el acceso a distintos espacios de los perros que auxilian a personas con dificultades. Si exceptuamos la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, que elimina las trabas burocráticas en el Principado, el resto pasarán desapercibidas para el ciudadano.

En otras legislaturas la producción legislativa fue igual de parca, con algún ejercicio en que sólo se aprobaron los presupuestos. Cuando se desciende a lo concreto se ven los límites del parlamentarismo en una comunidad uniprovincial de un millón de habitantes. En las dos legislaturas pasadas quedó en evidencia el déficit de las comisiones de investigación, tras un periodo de quince años en que no se formó ninguna en la Junta. Alguna de ellas tuvo un desarrollo penoso por las comparecencias y las conclusiones. Sin unas instituciones sólidas y prestigiosas, todo lo demás se viene abajo.