El Ministerio de Agricultura ha dado a conocer un decreto que regula los contratos del sector lácteo. Se cumple así un objetivo largamente perseguido por los ganaderos, aunque se desconocen exactamente los términos finales en que quedará la disposición que ahora se saca a consulta pública. La situación actual está marcada por el dominio de la industria sobre los productores, y ambos sometidos a las estrategias de las distribuidoras, que son las que tienen la sartén cogida por el mango. Los ganaderos han visto cómo han subido los precios de las materias que consumen (combustible, electricidad, abono, pienso), mientras que la industria les compra la leche al mismo precio que hace veinte años. El decreto busca que la subida de costes que padecen los ganaderos la puedan repercutir en el precio de la leche que venden. En la actualidad los productores están desesperados y de ahí las impactantes manifestaciones del 29 de diciembre. El Ministerio decreta que los contratos de un año con precio fijo puedan ser revisados cuando los ganaderos lleven tres meses seguidos con subidas de costes. Las industrias tendrán que hacer una nueva oferta que recoja en el precio el incremento de costes registrado.

La leche que compramos en el mercado va a ser más cara, como ocurre con tantos otros bienes de la más diversa naturaleza. El Banco Central Europeo dice que la inflación vino para quedarse. No lo dice así, pero lo deja entrever. La decisión del Gobierno estuvo antecedida por la Ley de la Cadena Alimentaria que busca «las relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes» entre todos los agentes que participan en el mercado de la alimentación. En ella ya se especifica que hay que «pagar un precio igual al coste asumido». Más claro: si el forraje sube un 30%, ese coste asumido por el ganadero tiene que reflejarse en el precio que le paga el industrial por la leche.

Intervenir los precios desde el BOE es un artificio para impedir que el choque entre la demanda y la oferta no perjudique a una de las partes. Lograr que los ganaderos obtengan más ingresos de sus productos es un bien a alcanzar o proteger. Ahora bien, el problema estriba en la debilidad de los ganaderos a la hora de contratar. O las industrias juegan con algún tipo de monopolio, aunque sea de tipo local, o los ganaderos no están suficientemente unidos para exigir lo que necesitan. El Gobierno debe evitar los abusos del mercado, no sustituir al mercado. Las distribuidoras tienen que entrar en la ecuación.