Tras la noche electoral del 25 de mayo de 2019 se pudo vislumbrar que tendríamos una legislatura estable en el Principado. La izquierda tenía mayoría absoluta y, sobre todo, el PSOE duplicaba en número de escaños al PP (segundo partido) y cuadruplicaba a Ciudadanos (tercero).

El dato definitivo estaba en que los socialistas tenían un diputado más que los cuatro grupos de la derecha juntos (PP, Ciudadanos, Foro y Vox).

La aritmética no admitía mociones de censura, salvo en el caso de que Podemos se asociara con toda la derecha, una posibilidad descartable. IU, con un alto sentido de la institucionalidad, aportaba dos diputados a la estabilidad del Gobierno.

Una correlación de fuerzas tan favorable no la tuvieron los dos gobiernos de Javier Fernández, ni el de Álvarez-Cascos. Las previsiones iniciales se cumplieron con tres presupuestos regionales aprobados en tres años. El acuerdo de investidura con IU hizo que Adrián Barbón fuera a las negociaciones con la tranquilidad de necesitar solo un escaño, algo muy fácil de alcanzar en un Parlamento con siete grupos.

En la pandemia la discusión partidaria se atenuó. En el terrible mes de noviembre de 2020, en que se duplicó de largo el número de muertos en Asturias, cinco grupos se pusieron de acuerdo en torno a las cuentas regionales.

Nada hacía presagiar que el rumbo se iba a alterar. Con acuerdos a izquierda y derecha, facilitados por las crisis de los partidos, el Gobierno socialista tenía el campo despejado, pero entonces, sin existir ninguna demanda social, el presidente rescató la promesa electoral de convertir al bable y al eonaviego en lenguas cooficiales dentro de un programa de 400 medidas entre las que menudeaban los desiderátum.

Es muy frecuente que en la Junta General del Principado se traten cuestiones en clave dramática que a la sociedad apenas le incomodan. Suelen ser asuntos que afectan solo a minorías.

Con la cuestión de la oficialidad sucede lo contrario. Todo el mundo se siente concernido y tiene una opinión sobre la materia. Las lenguas oficiales inciden en la enseñanza reglada, en la contratación pública, en la convivencia.

La izquierda extendió la pomada de la oficialidad amable, pero en España, por desgracia, las experiencias en esa materia son muy negativas. Es cierto que en Asturias podría ser distinto, pero no hay un solo motivo que induzca a pensar que vaya a serlo.

Pronto se vio que la oficialidad no provocaba indiferencia. Razón de más para actuar con prudencia. Sin embargo, a la vuelta del verano, el asunto de la oficialidad pasó a ser una cosa de bloques.

El Gobierno no dudó en proponer una reforma del Estatuto de Autonomía que tenía como gran protagonista la oficialidad de las llamadas lenguas propias (como si el castellano no fuera la lengua principal de los asturianos).

En cuanto la derecha se mostró contraria a la oficialidad quedó apartada de la negociación sobre la reforma del Estatuto. La izquierda quería utilizar el único escaño de Foro para dar la apariencia de una reforma transversal. Demasiado burdo.

En este punto se produjo un malentendido, porque el portavoz parlamentario de Foro se sentía comprometido con la oficialidad y algún directivo del partido, también. El resto pensaba lo contrario, aunque callaban. La izquierda creyó que la opinión de Pumares era la de Foro y se equivocó.

La confusión hizo que la negociación fracasara, pero el gran error de los socialistas no estuvo en el malentendido con Foro, sino en atreverse a reformar el Estatuto sin consensuar con la derecha.

Ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía se pueden aprobar por mayorías monolíticas de izquierda o derecha. Si la entente de PSOE, Podemos e IU con Foro hubiera sido efectiva, la calidad de nuestras instituciones se habría degradado.

Esta debe ser la principal enseñanza de la experiencia vivida, la necesidad de consenso en las revisiones estatutarias para que toda la sociedad se siga identificando con la norma que hizo de Asturias una comunidad autónoma. Parece una cuestión de formas, pero es de fondo.

El fracaso de la izquierda debería tener consecuencias políticas y electorales, pero dudo que se produzcan por el comportamiento de los grupos de derecha en todo este proceso. Espero abordar esta cuestión el próximo domingo.

Tengo la impresión de que el Gobierno y la FSA jugaron con fuego al abordar la oficialidad del bable y el eonaviego sin pensar en la dinámica que podía generar. En Asturias no hay grupos nacionalistas con representación parlamentaria. En todos los sitios donde gobiernan los nacionalistas hay ciudadanos de primera y de segunda. En nuestra región no ocurre ese fenómeno y por eso hay más libertad y cohesión social.

El problema no es ser muy de izquierdas o muy derechas, sino en beber en las fuentes del identitarismo, en la ensoñación nacionalista. Si el PSOE excluye a grupos políticos debe poner ahí la línea roja.

IU de Asturias está claramente a la izquierda del PSOE, pero ha demostrado que es un partido de gobierno fiable. Le preocupa tanto lo que ocurre en Jaén como en Pola de Siero, porque su gran argumento es luchar contra la desigualdad social. Por eso, cuando se empezó a mercadear con los impuestos, abandonó la negociación.

Antes de equivocarse otra vez, el PSOE debe repasar la distinción entre rivales y enemigos del sistema cuando vaya a pactar las reglas del juego.