La batalla de la oficialidad del bable y el eonaviego finalizó, al menos, por esta legislatura. Las peticiones de Foro no fueron atendidas y la contrapropuesta de Podemos fue rechazada por PSOE e IU. Como la unión de Foro y Podemos (cinco escaños) no sirve reformar el Estatuto, se acabaron los juegos y las especulaciones.

En el preciso momento en que la función finaliza interviene el PP, que había estado silente cuando la negociación estaba viva, para decir que «nos gusta la propuesta de fiscalidad de Podemos porque se parece a lo que nosotros planteamos siempre». Sorprendente. El partido de las permanentes rebajas fiscales se identifica con la oferta podemita, que en el caso de las herencias solo bonifica los inmuebles que están en la zona rural, con el agravante de exigir al heredero que resida de por vida en esa casa. Teresa Mallada y Pablo González dicen que «vamos a aprovechar la oportunidad». Así que el principal partido de la oposición necesita que un diputado de Podemos le haga una oferta ridícula al diputado de Foro para poder introducir su programa en el debate. Acabamos de superar el susto de ver cómo el eonaviego iba camino de ser una alternativa al inglés en el plan de estudios y nos topamos con la puesta en valor de la alternativa tributaria de la extrema izquierda por parte de la derecha conservadora. No sólo es una cuestión de palabras sino que lo dicen con números, «la propuesta de Podemos supondría reducir los ingresos en 35 millones de euros; un esfuerzo muy superior al que el PP ponía sobre la mesa para negociar unos presupuestos». Pues nada, de cara al futuro todas las reducciones de impuestos que propongan los populares deben estar por debajo del listón de los 35 millones de euros.

Todo esto es absurdo, porque el PP reconoce que están dispuestos a introducir una bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio o del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como establecer un tipo máximo en el IRPF del 47%, con lo que se rebajaría punto y medio el gravamen para las rentas de más de 300.000 euros. Estas medidas no las aprueban los grupos de izquierda ni enfebrecidos. Tampoco los desnortados nacionalistas de Podemos. La reforma de la fiscalidad asturiana es una de las cuestiones que está pendiente. Si ponemos en relación los niveles de renta regionales y la fiscalidad autonómica comprobaremos que el esfuerzo de los asturianos está por encima de la mayoría de comunidades. El problema es muy serio como para abordarlo con excentricidades.