Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declaró nulas las bonificaciones fiscales que había aplicado el Principado a las ayudas dadas a las empresas afectadas por los cierres en la pandemia. La decisión del TC afecta a 22.000 empresarios de la hostelería, el comercio, ocio nocturno, cultura y deporte. A veces las decisiones tomadas con las mejores intenciones tropiezan con mentes obtusas y celosas de sus competencias y el resultado es catastrófico: lo que iba a ser una ayuda se convierte en una carga.

A la Hacienda estatal nadie le daba vela en este entierro. La ayuda la concedía el Principado y el propio Principado renunciaba a gravar ese dinero que entraba en la tesorería de las empresas. La justificación no era otra que la situación excepcional de la pandemia que obligaba a cerrar negocios durante largas semanas para impedir los contagios. Cualquier ciudadano aprobaría ese proceder, pero el ministerio de María Jesús Montero trabaja con otra lógica. Los dignos y altos funcionarios, con la complicidad de la ministra y su equipo, impugnaron las bonificaciones ante el TC. Hilan muy fino los altos burócratas estatales, porque aunque las bonificaciones afectan sólo a los ingresos del Principado, el hecho de conceder una subvención a la actividad económica supone invadir una competencia estatal. El TC les dio la razón. Si en vez de actuar así el Principado lo hace el Gobierno de Urkullu no habría recurso jurisdiccional. Un telefonazo a la ministra y se acabó el socavamiento competencial. Con la gente de Montero nos va tocar negociar el nuevo sistema de financiación autonómica.

La solidaridad socialista entre administraciones en este caso no ha funcionado. No es la primera vez que con esta ministra nos llevamos un fiasco. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es el remanente de los ayuntamientos, que quería gestionar tras entregar una tercera parte a los consistorios. Qué generosa: me transfieres lo que es tuyo y luego ya te lo iré devolviendo en cómodos plazos.

No entiendo cómo una persona tan imbuida en las ideas socialistas no detiene el intento del funcionariado de intervenir en las ayudas que concede el Principado a empresas obligadas a quedar sin actividad. Espero que se trate este asunto en la Junta General del Principado y el análisis se centre en el proceder del Ministerio de Hacienda, porque si al final somos tan sectarios que no sabemos unirnos ante la Administración que nos daña, mejor llenar el orden del día con otras cuestiones.