La huelga del transporte por carretera coloca al Gobierno de España contra la pared. Atrás quedan los días de descalificar a los huelguistas con la etiqueta de minoría violenta dando a entender que Vox era el autor intelectual de la protesta. Qué cómodo es despachar un problema a través de juicios de intenciones, cómo si no fuera cierto que con el litro de gasoil a dos euros los transportistas pierden dinero. Hizo falta que el paro se prolongara durante una semana para que el Ministerio de Transportes lanzara la primera propuesta al ofertar 500 millones de euros para bonificar la compra de gasoil profesional. La huelga sigue porque los transportistas exigen que se concrete en qué términos se hará el reparto de la citada cantidad.

El paro paraliza al país. Los aprovisionamientos dejan de llegar a todas las actividades. Junto a esa realidad, hay sectores productivos, como la agricultura, la ganadería o la industria, que sufren el aumento exponencial del coste de la energía de una forma tan aguda como el transporte. Si la huelga terminara mañana, ellos continuarían con el agua al cuello. Las ayudas no admiten demora. Ante esta situación el Principado ultima un fondo de rescate (en esta ocasión, parece que lo van a denominar fondo de emergencia). Hay consenso en la Junta General del Principado sobre esta iniciativa. Tras los avatares vividos durante la pandemia ya tienen experiencia en estudiar, polemizar y dotar fondos extraordinarios de contenido social para hacer frente a necesidades sobrevenidas. El Principado no va a aprobar rebajas fiscales, pero no está descartado que el Gobierno central pueda hacer recortes tributarios que afectarían también a las comunidades autónomas al tener participación en algunos impuestos del Estado. En cualquier caso lo que se puede decir al Gobierno central y al Principado es que tienen unos ingresos extra muy cuantiosos en IVA gracias al incremento de precios. Lo que supone un daño para la población y las empresas, para las administraciones representa un beneficio.

Podría la oposición pedirle a la consejera de Hacienda que valore el incremento en recaudación por el alza de precios. Que no nos vengan ahora con que todo es poco para financiar el Estado del Bienestar, porque transportistas, ganaderos, agricultores y metalúrgicos deben formar parte de ese bienestar colectivo o en caso contrario se daría la paradoja de dejar fuera a unos trabajadores que a través del pago del IRPF sostienen el paraíso socialdemócrata.