El Principado aprobó tres medidas extraordinarias para ayudar a los sectores y familias más afectados por la crisis. La más importante es el adelanto del dinero correspondiente a la Política Agraria Común (PAC). La pasada semana ya tomó Núñez Feijóo esa medida en Galicia. Las otras dos tienen que ver con el llamado bono social térmico (ayudas para pagar la calefacción) y con la exención de tasas para ganaderos, transportistas y pescadores.

La oposición parlamentaria, los sectores afectados y los sindicatos consideran insuficientes las ayudas aprobadas. Todos quieren que se dote un fondo de contingencia, a semejanza del fondo de rescate aprobado el invierno pasado para financiar a la hostelería, el comercio y otras actividades que tuvieron que cerrar sus negocios por culpa de la pandemia. Ante las críticas, el Principado no descarta activar un fondo de rescate según evolucione la situación. Es evidente que la creación de un fondo de esas características sería negociado, todos harían propuestas y el protagonismo dejaría de tenerlo en exclusiva el Gobierno regional, como ocurre con las tres medidas ya aprobadas.

Conviene aclarar de qué se está hablando para evitar confusiones. Hay que distinguir si las subvenciones son para sectores fuertemente afectados por la subida del precio de los carburantes, el coste de la electricidad y el alza de las materias primas o si es para compensar los efectos de la inflación en cualquier colectivo o persona particular.

Este último supuesto englobaría a más de la mitad de los asturianos y, por tanto, es inabarcable por la vía de la acción social. Yendo a los sectores más afectados, creo que la ganadería depende más de la subida del precio de la leche que de ayudas directas autonómicas. Es clave garantizar un acuerdo entre la distribución, la industria y los ganaderos para que nadie venda su producción por debajo de los costes que soporta. En el caso de los transportistas, una de las claves del conflicto también pasa por la redistribución de los márgenes en el interior del sector para que los autónomos tengan unos ingresos dignos. El otro aspecto central para los transportistas, el precio del combustible, corresponde bonificarlo al Gobierno central.

Es importante explicar estas cuestiones para actuar con un mínimo de rigor. Ahora bien, si se trata de crear un fondo para repartir ya sabemos que la clase política asturiana lo hace muy bien: se quita dinero de la inversión productiva y todos tan contentos. El Gobierno debe hablar con claridad.