Que el Gobierno reaccionó tarde y mal a las protestas de la calle es un hecho, pero no se puede meter todo en el mismo saco, ya que es distinto el problema de los transportistas o de los ganaderos al que sufre la sociedad por el alza de precios.

La ruptura de las cadenas de suministro y el aumento de precio de las materias primas sorprendió a España en peor situación que a la mayoría de los países europeos. Las medidas para contener la pandemia, las más duras de las tomadas en la Unión Europea, provocaron un hundimiento económico mayor que en el resto. La guerra de Ucrania ahondó en la herida.

Durante el presente mes distintos sectores económicos pidieron ayuda en todos los países. Los gobiernos de Alemania y Francia tiraron de chequera o redujeron impuestos, Pedro Sánchez emplazó a esperar al día 29 para dar a conocer las medidas. Cuando la gente está con el agua al cuello, retrasar la solución provoca desesperación.

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte lanzó la huelga indefinida provocando un doble fenómeno: sacar otros gremios a la calle a protestar y empeorar la situación de todos los sectores productivos.

Aunque el Gobierno llegó a un acuerdo con las asociaciones mayoritarias de transportistas, el diálogo posterior con los huelguistas se rompió a las dos horas de reunión. La ministra de Transportes recoge los frutos de haber relacionado a sus interlocutores con la ultraderecha.

El precio del combustible es un quebradero de cabeza para muchos agentes económicos, el otro problema es el coste de la energía, con el gas natural como causa principal de los males.

En el punto de mira estaba lograr la desvinculación del gas del sistema de fijación de precios eléctricos. Con ese objetivo Pedro Sánchez y el presidente portugués, Antonio Costa, prepararon una buen argumentario, al considerar a la Península Ibérica como un caso especial porque apenas está conectada con la red europea. Los cambios en España y Portugal no afectan al resto.

Convencieron a los reticentes (Alemania, Holanda) y ahora resta que la Comisión Europea apruebe la propuesta concreta que le hagan España y Portugal la próxima semana. Si se cierra con éxito la operación será el mayor triunfo para España en una cumbre europea en muchos años.

Aparte de la zozobra que crea la invasión de Ucrania, la sociedad vive cada día con inquietud el crecimiento de precios en todo tipo de bienes y servicios. La inflación ha vuelto, tras treinta años de ausencia.

En España, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se elevó el 7,6% en febrero. La Unión Europea tuvo de media el 6,2% y la eurozona, el 5,9%.

La inflación se combate con la política monetaria, algo que corresponde exclusivamente al Banco Central Europeo. Ni Pedro Sánchez ni Adrián Barbón ni la oposición tienen competencia en la materia. Los gobiernos tienen otro instrumento para luchar contra la inflación, la política de rentas.

Sin embargo, las propuestas que llegan de la izquierda populista para contener la inflación son una combinación de medidas sociales y primitivismo económico. Ejemplo de lo primero es la petición de elevar el Ingreso Mínimo Vital. Verbigracia de lo segundo es creer que la inflación se remedia sentándose encima de los precios para que no suban.

No quiero incurrir en provocación, pero nadie fijó tantos precios de bienes como Franco. En la Europa occidental ningún país en la segunda mitad del siglo XX conoció un grado tal alto de intervencionismo económico. El Servicio Nacional del Trigo ponía precio al cereal, fijaba áreas de cultivo y repartía cupos para que ningún desaprensivo acaparara cereal. La Ley sobre Ordenación y Defensa de la Industria limitaba la participación extranjera en las factorías españolas, se reservaba la posibilidad de incautarse de sus bienes y obligaba a pedir permiso para trasladar (deslocalizar) una planta industrial. Nunca fue España más pobre.

El pacto de rentas es el arma que tiene el Gobierno para embridar el crecimiento de los precios. Tenemos un precedente luminoso, los Pactos de la Moncloa de 1977. La inflación interanual estaba en el 38%, cuando Gobierno y oposición se sentaron a la mesa. El vicepresidente Fuentes Quintana dijo «o los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia». Tres años más tarde, pese al impacto de la segunda crisis del petróleo, con la llegada de Jomeini al poder en Irán, la inflación estaba en España en el 13%. Ese es el camino.

El 7 de marzo hubo una primera reunión de Pedro Sánchez con los agentes sociales para llegar a un pacto de rentas. Es preciso hacer un planteamiento más amplio, con un pacto político que sirva de marco para el acuerdo social. Ese fue el método seguido en 1977.

Un país con el 120% de deuda sobre el PIB no puede ir a una limitación de salarios y beneficios empresariales sin más. Hay que diseñar reformas y horizonte. Sólo en ese contexto se asumen los sacrificios.

La inflación opera en la economía como la infección en el cuerpo humano: cuanto más se tarda en atacarla más difícil y doloroso será reducirla. Las dos mejores operaciones económicas realizadas en España desde la guerra civil tuvieron mucho que ver con la política de rentas: el Plan de Estabilización de 1959 y los Pactos de la Moncloa. En ambos casos había una inflación alta y hubo que actuar sobre costes salariales y beneficios.