El Principado está preocupado por los problemas que le puede crear en la relación con Castilla y León la entrada de miembros de Vox en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Increíble, pero cierto. Gimena Llamado, número dos de la Federación Socialista Asturiana (FSA), ya adelantó que «el hecho de que Vox esté sentado en el Consejo de Gobierno de Castilla y León hace que la relación ahora no vaya a ser la misma». Adrián Barbón dijo que «con estos consejeros no voy a sentirme cómodo jamás». En esto hay que distinguir dos niveles. Por un lado está la dimensión personal, que es irrelevante desde una perspectiva política. Dentro de los partidos hay responsables que no se hablan, sin que eso suponga un obstáculo para la gestión de las tareas. No obstante, incluso en el trato personal, el rechazo de los dirigentes socialistas a los cargos públicos de Vox es una mera pose, porque cuando no hay focos o testigos tienen relaciones fluidas con ellos.

En el terreno político, la doctrina socialista oficial, emanada desde Madrid, manda crear un cordón sanitario en torno a Vox, como si fuese un grupo de apestados. El Principado, siempre atento a lo que provenga de la Moncloa o de Ferraz, aplicó la consigna de una forma tajante, excluyendo a Vox de cualquier ronda de contactos políticos. En Asturias hicieron una adaptación propia al mandato madrileño: no tiene sentido relacionarse con un partido que no admite las comunidades autónomas.

El problema para el PSOE llega cuando se compara la facilidad que tienen para pactar con partidos abiertamente anticonstitucionales y la negativa a hablar con Vox. Pedro Sánchez considera socio estable al PNV que reniega del sistema autonómico y quiere formar un Estado vasco. Los diputados de ERC y Podemos hicieron todo tipo de juegos retóricos ante la obligación de acatar la Constitución. Recuerdo la fórmula empleada por Pablo Iglesias: «Prometo acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales». Un gran ejemplo de defensor inquebrantable de la Constitución. Abascal se limitó a decir: «Por España. Sí, juro».

El asunto se convierte en muy grave al comprobar que Bildu, un partido donde hay gente con largos servicios prestados al terrorismo, es socio habitual del Gobierno. No estamos hablando ya de bagaje democrático, sino de flagrante transgresión de los derechos humanos. ¿Negociamos y pactamos con Otegi y nos sentimos incómodos con Gallardo?