La patronal de la construcción asturiana afirma que en las últimas semanas el precio de la madera subió el 50%, el 300% el tubo y el 50% la ferralla. Debido a ello considera que no se pueden hacer las obras adjudicadas por el Principado con precios acordados ocho meses atrás. Nadie quiere ‘trabajar a pérdidas’, una expresión que pusieron de moda los ganaderos, agricultores, transportistas, taxistas, etcétera. Hubo una primera actualización de precios por parte del Estado que no sirvió para nada ya que tomó como referencia la inflación del pasado mes de septiembre. Posteriormente, hubo una segunda actualización que el Principado considera factible y se va a adherir a ella. La patronal cree que es una medida limitada, ya que la legislación impide hacer modificaciones sobre el presupuesto de la obra superiores al 20%. Hace ya más de cincuenta años que existe ese tope en la contratación de las obras públicas del Estado. El Principado recuerda que la ley permite cambiar los materiales de una obra por otros más baratos, siempre y cuando no afecte a la calidad. Si hubiera bienes sustitutivos a un coste menor ya los habrían incorporado las empresas al redactar el proyecto.

El problema ya está planteado. No hay soluciones milagrosas. Si ninguna de las dos partes cede, las obras se retrasarían hasta 2023, a la espera de que el Principado incremente la reserva presupuestaria para inversiones. De no hacerlo, quedarían para 2024. Hay algunas excepciones, como la ampliación del Hospital de Cabueñes, cuyo presupuesto fue reformado aprisa y corriendo para impedir que se detenga un proyecto tan sensible para los gijoneses que acumula un gran retraso. No sería muy sensato haberla anunciado para ganar las elecciones autonómicas y municipales de 2015 y perder, por culpa de los aplazamientos, las elecciones de 2023. El resto solo se llevarán a cabo si las dos partes hacen concesiones. También las empresas. No es realista exigir que los precios de las obras se actualicen mientras dura el plazo de garantía; eso ocurre en sectores intervenidos. El trato que recibe la energía, como sector altamente estratégico, no lo tiene la construcción en España ni en la UE. La Administración no debe absorber automáticamente todo el incremento de costes. Las viviendas recién terminadas no recogen todas las fluctuaciones de costes habidas este invierno. Se espera que la obra residencial crezca el 49% en 2022 y las empresas tasadoras prevén que la subida de precios esté en torno al 4%. Ley del mercado.