El Principado, tal como había anunciado, libera de pagar nueve tasas a ganaderos, agricultores, pescadores, transportistas de mercancías y empresas de autobuses. El conjunto de subvenciones supone dejar de recaudar dos millones de euros. Menos es nada, pero hay que reconocer que es muy poco dinero. Todavía no se sabe si el Gobierno asturiano asumirá un plan de rescate, de contingencia, o como se quiera denominar, para los sectores más perjudicados por el incremento del coste de la energía y las materias primas. Feijóo propuso a Pedro Sánchez, en la cumbre de tres horas de duración sin acuerdos, deflactar la tarifa de IRPF, lo que significaría renunciar a recaudar de 3.500 a 3.800 millones de euros, pero, al parecer, el presidente desechó la propuesta sin apenas consumir tiempo.
La rebaja de impuestos se ha adoptado en otros países, pero es cierto que España está en peor situación por la subida espectacular de la deuda pública. En el caso asturiano la rebaja fiscal podría estar más que justificada ya que tenemos unos tributos que resultan muy onerosos para los contribuyentes. Así ocurre en el Impuesto sobre la Renta o en el Impuesto de Patrimonio. Ahora bien, el liderazgo destacado lo tenemos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Colegio de Economistas de Asturias, al presentar el ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022’ puso un ejemplo que ya es tópico: un hijo hereda de su padre 800.000 euros, 200.000 de ellos en forma de vivienda habitual, y paga 103.135. Récord en las 17 comunidades autónomas. En la segunda región que más se paga, Valencia, el contribuyente del ejemplo contrae una deuda con Hacienda de 63.193 euros. No entiendo cómo los distintos consejeros del ramo en el Principado niegan esta realidad palmaria de forma machacona en la Cámara. Su actitud solo sirve para perder credibilidad ante la sociedad.
Las crisis económicas constituyen una coyuntura mala para todos los agentes. Pero, cuando el problema es la inflación, los gobiernos obtienen beneficios al crecer la recaudación fiscal. Gracias a este fenómeno el Gobierno redujo más de tres puntos el déficit público y le va a ser más fácil amortizar la deuda. La sociedad sólo ve aumentadas sus penalidades. El Principado tiene una dificultad específica para rebajar la carga fiscal: la alta factura que suponen los sueldos del personal. Por eso tenemos los impuestos tan altos. Más que sostener el Estado del bienestar, financiamos el estatus de una minoría.