Ante la idea del Ministerio de Transportes de cerrar líneas ferroviarias porque son deficitarias, los grupos políticos asturianos expresan su rechazo. El Gobierno de España aborda la movilidad con la mirada puesta en superar dos déficit: lograr financiación para el mantenimiento de autopistas, autovías y carreteras y recortar el tráfico ferroviario allá donde el gasto del servicio supera a los ingresos por prestarlo. Así da gusto. Con el Boletín Oficial del Estado en la mano se obliga a pagar por utilizar carreteras y se monta a los clientes del tren en autobuses. La regulación de la movilidad se convierte en una disculpa para rehacer las cuentas del Estado. Tras veinte años (desde el plan de infraestructuras de transporte de Magdalena Álvarez) poniendo al tren como medio prioritario, se olvida de todo lo dicho y se empieza a apostar por lo que resulta más barato, aunque sea más contaminante. Con el nuevo modelo seguro que habrá un porcentaje de ciudadanos que se quedarán en tierra, ya que no todas las líneas dejarán beneficios y la iniciativa privada no va a estar indefinidamente cubriendo un servicio en pérdidas.

El Principado afirma que las líneas ferroviarias no son cuestionables. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, asegura que el Gobierno asturiano va a defender «una discriminación positiva de las alas y el medio rural». No sé si el recurso de la discriminación positiva es el argumento. Hay que aclarar que el transporte público está para atender las necesidades de la población en los sitios que el libre juego de fuerzas del mercado no llega. Se pueden negociar el recorte de frecuencias, pero dejar a la gente sin tren, para que dentro de unos años tampoco tenga autobús, no es presentable.

El Principado no ha querido asumir las competencias sobre ferrocarriles. Me parece un acierto, porque es una cuestión compleja, en la que hay que partir de una transferencia del Estado bien financiada, algo muy difícil de lograr en los tiempos que corren. Ahora bien, el Gobierno asturiano tiene toda la autoridad del mundo para pedir que se mantengan las líneas abiertas por razones elementales de vertebración del territorio y por coherencia: Pedro Sánchez propuso descentralizar equipamientos, bienes y servicios del Estado para llevarlos a zonas en declive demográfico y resulta que el Ministerio de Transporte amenaza con quitarles el tren a esas mismas zonas. El asunto bien merece una declaración institucional en la Junta General del Principado.

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