El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del sistema de acceso a la función pública docente. La Comisión Europea había amonestado a España, repetidamente, por el alto índice de interinidad en el funcionariado, que en el caso de los docentes abarca al 23% del profesorado. Bruselas exige que la tasa de interinidad se reduzca al 8% y el Gobierno ha diseñado un método infalible para lograrlo, al sacar las plazas de los interinos a concurso o concurso oposición en unas condiciones que aseguran su adjudicación a los que las ocupan en la actualidad.

Si Bruselas critica el fracaso escolar español, el Gobierno de Pedro Sánchez acalla la crítica con una Ley de Educación (LOMLOE) que induce al aprobado general. Si hay muchos interinos en la Administración, el Ejecutivo los convierte de golpe en titulares de las respectivas plazas. Los problemas reales se solucionan con soluciones falsas, retorciendo la legalidad. Veamos en el caso de los interinos cómo se hace magia con el Boletín Oficial del Estado. La modificación aprobada dicta que para los funcionarios interinos que lleven ocupando una plaza desde antes de 2016 se convoque un concurso extraordinario de méritos, donde se valorará su experiencia (antigüedad de siete o más años). El asunto está ideado para que la puntuación correspondiente a siete años de antigüedad conlleve la adjudicación de la plaza. Los profesores y maestros que están en el paro no pueden ni siquiera competir por esas plazas. Para los interinos que estén trabajando con posterioridad a 2016 se diseña un modelo de concurso-oposición, con una sola prueba que tiene dos partes, conocimientos y aptitud pedagógica (presentar una unidad didáctica). El truco para dar la plaza a los que la ocupan, aunque sea de forma reciente, consiste en dar muchos puntos en la fase de concurso a la experiencia. Las fases de la prueba no son eliminatorias, así que se hace una valoración global donde decide el peso de la antigüedad.

El método aprobado rompe con una trayectoria centenaria de acceso a la función pública basada en el principio de mérito y capacidad. Impide la libre competencia entre titulados y asigna graciosamente las plazas por el hecho de estar ocupándolas de forma interina. Sin otro mérito. El asunto es tan escandaloso que por indicación del Consejo de Estado el Gobierno tuvo que cambiar una parte de la norma al contemplar que todas las plazas que salgan vacantes por jubilaciones o muertes de funcionarios se adjudiquen por el método tradicional.