El mismo día que entró en vigor la norma sobre la no obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, el Principado hace un llamamiento para que se sigan utilizando en esos espacios. Es imposible encontrar una mayor contradicción: se asume que no sean obligatorias y se pide que continúen tapando la boca y la nariz con ellas. ¿Cómo explicar esa forma de optar por el blanco y el negro a la vez?

El Principado plantea también aislar los casos positivos. Desde que entró en vigor la nueva estrategia de vigilancia y control (28 de marzo) los casos asintomáticos y leves no se acompañan de baja médica y los enfermos tienen la obligación de acudir al puesto de trabajo. Conozco un caso en que no le daban la baja por covid, pero como le dolía la garganta le pudieron extender la baja por esa causa. No hablo de algo que suceda en una aldea remota, sino en el centro de Gijón. El Principado pide que las pruebas diagnósticas también se amplíen. Desde finales de marzo sólo se realizan a embarazadas, inmunodeprimidos, mayores de 60 años, enfermos graves y los posibles casos positivos en centros sanitarios y geriátricos. El resto no merecen ni un simple test de antígenos.

La amplia rectificación se debe a que Asturias tiene la mayor tasa de ocupación hospitalaria. En términos oficiales nos encontramos bajo la etiqueta de ‘riesgo muy alto’. Las medidas fueron negociadas con técnicos del Ministerio de Sanidad. Estando en esa situación pandémica no se entiende cómo el Principado no fue capaz de arrancar a la ministra Carolina Darias una prórroga para que el decreto de las mascarillas no se aplique en Asturias. Ahora la norma está en vigor y el Principado se limita a hacer un llamamiento para que la gente no se acoja a la libertad que concede el decreto. Cada vez que un consejero nuestro se cruza con un ministro se pone en posición de firmes. De poco nos vale ser los niños buenos de la clase.