El laboratorio de Microbiología del HUCA ha detectado una variante del coronavirus que solo se conoce en Asturias. Hasta la fecha hay cinco casos ciertos y otros seis probables, todos ellos en el área sanitaria IV (Oviedo). La variante mayoritaria en la región es la llamada ómicron silenciosa. Crece la incidencia del virus y también la asistencia hospitalaria. Somos la segunda comunidad autónoma con riesgo más alto. En la última semana hubo 41 muertos.

Con la experiencia que da haber sufrido veintiséis meses de pandemia, cualquier ciudadano puede colegir que estamos en la séptima ola, pero ninguna autoridad sanitaria ni cargo gubernamental osará colgar esa etiqueta (séptima ola) al parte diario de daños. No lo harán no por temor a crear alarma, sino porque certificar la séptima ola choca frontalmente con la política del Gobierno de Pedro Sánchez, que a finales de marzo declaró iniciada la etapa de la normalización, decidiendo que los enfermos leves o asintomáticos acudan a su puesto de trabajo o asistan a clase y que las pruebas diagnósticas se circunscriban para mayores de sesenta años, personas inmunodeprimidas y embarazadas. No contentos con el avance normalizador, el 20 abril suprimieron la obligación de llevar mascarilla en interiores. Lo más grave de la doctrina de la normalización es que se inició cuando España tenía una incidencia acumulada por 100.000 habitantes, a 14 días (IA 14), de 461 casos. Una ratio que siempre se había considerado propia de una situación de riesgo muy alto. Si alguna vez hubo dudas sobre la primacía de las decisiones políticas en la gestión de la pandemia, lo sucedido esta primavera las disipa.

En el caso asturiano, el 22 de abril, dos días después de estrenar la política de retirada de tapabocas en lugares cerrados, la incidencia en los mayores de 60 años era de 1.129 casos. La más elemental prudencia aconsejaba mantener la obligación de usar la mascarilla en interiores, pero eso significaba enmendar la doctrina de la normalización de Pedro Sánchez. La ministra Carolina Darias no aceptó excepciones autonómicas, cuando durante toda la pandemia cada gobierno regional impuso sus particulares puntos de vista, y el Principado tampoco supo hacer ver que era vital retrasar unas semanas la medida en nuestra región. El resultado de las imposiciones políticas por encima de las evidencias epidemiológicas llevó a balances tan tristes como los 41 muertos de la última semana. Cualquier cosa menos reconocer la séptima ola.