La Consejería de Educación ha dado a conocer los principales rasgos de los currículos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato que regirán a partir del próximo curso. Un asunto de la máxima importancia.

De la gran recesión de 2008 se sacó como conclusión que España debía cambiar de modelo productivo y para lograr ese objetivo era preciso mejorar la educación. No se caminó en esa dirección. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior degradó las enseñanzas universitarias y en nuestro país la nueva Ley de Educación (LOMLOE) supone un corte con la tarea de transmisión de conocimientos tal y como se entendió hasta ahora en las etapas obligatorias y en el Bachillerato.

Una norma rupturista que a través de los currículos ministeriales minimiza los contenidos, predispone al aprobado general y facilita que todo el mundo salga con un título debajo del brazo. Cubierto el expediente, de las consecuencias no se responsabiliza nadie.

El adelgazamiento de los contenidos (la Historia de España empieza en las Cortes de Cádiz) llega en un momento en que el debate nacional, desde una perspectiva intelectual, está bajo mínimos, convirtiendo la menstruación en asunto de Estado. Hasta la fecha, que yo sepa, la regla solo fue tema de Gabinete en Corea del Norte.

El déficit formativo ya venía de atrás. El rector, Ignacio Villaverde, y la consejera de Educación, Lydia Espina, se reunieron para abordar una cuestión preocupante: la Universidad de Oviedo lidera el ránking de los abandonos universitarios y es en la que más alumnos cambia de carrera. Vieron que el problema estaba en la mala preparación que traían del Bachillerato.

Hace unas semanas, Juan José del Campo Gorostidi, que aúna larga experiencia en docencia universitaria, como catedrático, con conocimiento profundo de nuestros sectores energético e industrial, decía en este periódico que «hay un clamor, especialmente por parte del profesorado de Ingeniería, de que los nuevos alumnos no llegan con la capacitación necesaria». No tiene sentido prolongar el debate sobre la herencia escolar. La novedad está en que a la mala preparación se suma ahora la ‘ley Celaá’.

Varias comunidades autónomas enmendaron el proyecto del Ministerio, ampliando contenidos e introduciendo criterios propios de evaluación y promoción. Nunca había sucedido algo igual.

Leí detenidamente el documento elaborado por la Consejería de Educación sobre los currículos. Falta por conocer los programas donde se concretan las ideas que nos adelantan.

Tiene aspectos positivos, como la introducción de la Filosofía, como asignatura de la ESO, o el aumento de la carga horaria en lenguas extranjeras. Pero mantiene intacto el sesgo ideológico de la LOMLOE y la naturaleza de su propuesta educativa.

Se evita todo lo que tiene que ver con la teoría, el estudio, los hechos, el conocimiento, y se pone el acento en «investigar» y «aplicar». ¿Si no se parte de un conocimiento mínimo cómo se va a investigar? Sin teoría no hay aplicaciones.

En el Bachillerato asturiano se va a estudiar una nueva asignatura, Anatomía Aplicada, diseñada por el Principado. Podría estudiarse el cuerpo humano, pero lo de Anatomía Aplicada es absurdo.

El mismo espíritu alcanza a la Economía. En 4º de la ESO se topan los alumnos con Taller de Economía Aplicada, sin saber lo que es una curva de demanda. En el Bachillerato completan la formación con Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial. Todo muy práctico, como recetas de cocina.

Me llamó poderosamente la atención un enunciado que desvela el modelo de educación: «(Procurar) instrumentos que permitan al alumno formarse de acuerdo con sus intereses, para que pueda trazar un proyecto de vida y afrontar con solvencia el futuro».

La educación tiene que tener una base objetiva, no puede girar en torno a los supuestos intereses o sensaciones de uno u otro alumno. Es muy probable que los intereses de un alumno a los 14 años sean muy diferentes a los que tenga a los 20. Sin embargo, el conocimiento de Matemáticas, Biología o Historia se adquiere a la edad pautada o el socavón en la formación frustrará cualquier trayectoria profesional.

En la delicada cuestión de la evaluación se incurre en falacia cuando al hablar de alumnos con más de dos asignaturas suspensas se dice que «el alumnado podrá pasar de curso cuando se considere que las materias no superadas no les impedirán seguir con éxito sus estudios». Cuando alguien suspende tres o más asignaturas no está en condiciones de enfrentarse a las materias de un curso superior. Darle de paso sería la peor opción pedagógica porque lo llevaría directamente al fracaso.

Y aquí llegamos a un punto clave. Es una ley que piensa más en la escolarización que en la educación. Le preocupa que acceda todo el mundo a la escuela, que no se le pongan trabas en la promoción de curso en curso y termine con un título. Normalización social.

Un objetivo propio de un país en vías de desarrollo. O de la España de los años sesenta. En la actualidad, en el siglo del capital humano como máxima riqueza de los países, necesitamos educación rigurosa, mano de obra cualificada para ganar el futuro.

Por la vía de los sucedáneos llegaremos de nuevo a una educación discriminatoria: buenos colegios privados para los hijos de los ricos, educación-entretenimiento en la red pública para familias sin recursos.