Miles de funcionarios interinos del Principado se van a convertir en fijos. En concreto, 8.413. La plaza que ocupan la van a poseer de por vida, hasta que la jubilación o la muerte los separe. Más de la mitad trabajan en el área de la sanidad. No es nada extraño, porque es el departamento que acumula más mano de obra en la Administración autonómica. ¿A qué se debe este cambio multitudinario de la interinidad a la fijeza?

Hace un año, cuando el Gobierno negociaba con la Comisión Europea las inversiones del Plan de Recuperación y Resiliencia, desde Bruselas presionaron al Ejecutivo español para que redujera drásticamente la temporalidad. Al parecer somos los segundos, tras Polonia, con más empleo temporal en la Unión Europea. La expresión de trabajo temporal se identifica con algo azaroso, cambiante, angustioso, pero la inmensa mayoría de los 8.413 funcionarios que van a dejar de ser interinos llevan muchos años en el mismo puesto. En las oficinas no se distinguen de los fijos. El Gobierno ordenó que la interinidad en las administraciones públicas no superara el 8%. Con esa referencia empezaron a negociar el Principado y los sindicatos hasta llegar al acuerdo.

El meollo de la cuestión, a mi entender, está en cómo se pasa de funcionario interino a fijo. Al igual que la relevancia del aprobado masivo en Primaria y la ESO está en cómo se concede. O los tres millones de títulos de FP que se van a otorgar invitan a preguntarse por la forma en que se dan. El 78% de los temporales se harán con la plaza de por vida a través de un concurso de méritos donde la antigüedad es el elemento determinante. Podrán evitar la oposición, que no sacaron en su día, porque la certificación de trienios es suficiente. El Principado dice que le «hubiera gustado un acuerdo unánime». Lo tenía en la mano. Los sindicatos firmarían encantados si la Administración asegurara la continuidad al 100% de los interinos. Puesto a saltarse los métodos tradicionales para sacar plaza de funcionario, no veo razón que impida ampliar la felicidad a la totalidad del colectivo. A un año de las elecciones autonómicas ese tipo de regalos son muy rentables. En la operación de asegurar la plaza para los que están al otro lado de la ventanilla salen perjudicados parados y jóvenes. La Constitución habla del derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, pero el papel lo aguanta todo. Hasta que un ciudadano valiente encuentre un abogado competente y tumbe el cambalache en los tribunales.