La Ley de Empleo Público es la iniciativa legislativa más importante del Principado en este mandato. Como el nombre de la norma provoca confusión, aclaremos que versa sobre la reforma de la Administración autonómica, un objetivo anunciado por Adrián Barbón y que recayó su ejecución sobre el vicepresidente Juan Cofiño. La propuesta de reforma entra en asuntos delicados, como es una nueva forma de retribuir a los empleados, al ligar las percepciones económicas a la rentabilidad del trabajo creando un plus de productividad. Como el plus sería para los funcionarios de los grupos A y B, habría 1.300 empleados susceptibles de cobrar ese complemento. También crea la figura del subdirector general para coordinar el trabajo de los jefes de servicio. Sería un puesto de libre designación.

La Administración es un gran paquidermo capaz de resistir los más contundentes embates legales. Una cosa es lo que diga la nueva norma y otra en lo que quede su aplicación práctica. Es probable que las propuestas de Cofiño estén bien encaminadas. El actual modelo de Administración es obstruccionista y en vez de facilitar la solución a las demandas del ciudadano las niega o aplaza. Hay que cambiar de modelo y de prácticas funcionariales.

Pero no basta. El Gobierno socialista no quiere aceptar que junto a todo lo anterior es necesario reducir el tamaño de la Administración. Aunque los empleados rindan más, el coste de la Administración es muy alto para una sociedad como la asturiana, envejecida y con la tasa de actividad más baja de España. No puede dedicarse el grueso de la recaudación fiscal a pagar los gastos corrientes de la Administración. Cofiño dijo que en la próxima década se jubilan 9.000 funcionarios. Una buena ocasión para rebajar la factura. Bastante esfuerzo hay que hacer para financiar la red sanitaria como para no aprovechar la ocasión de reducir gastos.