El Principado ha presentado una oferta extraordinaria de 8.416 plazas de empleo público para dejar el porcentaje de interinidad por debajo del 8% en la Administración autonómica. Todas las plazas quedarán cubiertas antes de finalizar el año 2024. La iniciativa responde a una exigencia planteada por la Comisión Europea al Gobierno de España y este fijó en el 8% el máximo de empleados interinos que puede haber en las Administraciones públicas. La oferta se concretó tras una negociación entre el Principado y los sindicatos.

En general, cuando se habla de oposiciones en la Administración se sienten concernidos, entre otros, los desempleados y los jóvenes que terminaron recientemente sus estudios. Sin embargo, en este caso, la multitudinaria oferta de empleo está pensada para gente que ya trabaja en la Administración. La prestación de servicios seguirá siendo la misma, solo que ahora la relación laboral quedará blindada hasta que la jubilación o la muerte separen al funcionario de su plaza. El concurso valdrá para que gocen de ella en propiedad. Se ve muy bien con números. De las plazas citadas, 4.793 corresponden a Sanidad. De ellas, 4.463 se adjudicarán por la vía del concurso. Es decir no habrá examen y la antigüedad decide la adjudicación.

En el personal laboral de la Administración ocurre otro tanto de lo mismo, de las 1.275 plazas ofertadas, 1.227 se asignarán por concurso. Incluso, en el caso de que la mayoría de las plazas se asignen por concurso-oposición, como ocurre en lo cuerpos docentes, la valoración de la fase de concurso es tan alta que la promoción del interino a fijo es casi automática. Ya se encargaron los sindicatos de que fuera así.

El vicepresidente Cofiño dice que «era insostenible el grado de interinidad acumulado a lo largo de los años». La interinidad es tan alta porque el Principado se acostumbró a no convocar oposiciones. Cuando rotan muchos empleados por un mismo puesto de trabajo la calidad del servicio público se resiente. Sin embargo, aquí y ahora, la situación es la opuesta: de las 8.416 plazas ofertadas, 6.266 de ellas están ocupadas por interinos con cinco o más años de antigüedad en el puesto.

El Gobierno de España fuerza a bajar drásticamente el porcentaje de interinidad en la Administración porque la queja europea contempla todo el mercado de trabajo. No se puede exigir a la empresa privada que reduzca la temporalidad, si la Administración se beneficia de ella. 2023 es año electoral: Pedro Sánchez no da puntada sin hilo.