La reforma de la Administración del Principado es un objetivo que debe plantearse cualquier partido que aspire a gobernar, porque actualmente es lenta, obstruccionista y cara.

Tras el ‘caso Renedo’ las cosas han ido a peor, ya que el miedo a dar pasos en falso ha llevado a una situación de parálisis. Se quejan las empresas, los profesionales y el ciudadano de a pie que se acerca a realizar un trámite. Al actual estado de cosas ha contribuido la pandemia al aumentar la distancia entre funcionarios y público.

Hace un par de años, Adrián Barbón anunció la reforma de la Administración, encargando al vicepresidente Juan Cofiño la responsabilidad de llevarla a cabo.

Es una tarea ardua en la que hay que vencer grandes resistencias. De muestra vale un botón: la norma de medidas administrativas urgentes impulsada por el Principado para eliminar trabas burocráticas y simplificar trámites administrativos. El Gobierno central ha impugnado la legalidad de la ley porque discrepa sobre la simplificación de los trámites en las evaluaciones ambientales. Pinta mal.

El proyecto de Ley de Empleo Público del Principado, presentado por Juan Cofiño, está ya en trámite parlamentario. Esta norma reúne las principales reformas que quiere introducir el Ejecutivo en la Administración autonómica. Hay consenso sobre la pertinencia de la reforma, ya que todavía está en vigor la Ley de la Función Pública de 1985, cuando el Principado tenía solo 5.000 funcionarios. Una época en que se gobernaba a base de discursos y declaraciones, sin capacidad de gestión.

El texto contempla algunas medidas controvertidas, como la introducción de la figura del subdirector general que será de libre designación. El Principado dice que lo necesita para coordinar la tramitación de expedientes administrativos complejos. Se simplifica la estructura administrativa por abajo (desparecen los auxiliares administrativos) y se aumenta por arriba (subdirectores). ¿No puede salir la plaza a concurso? ¿No valen de escarmiento tantas sentencias adversas?

Se crea un plus de productividad para los empleados, previa evaluación de su tarea. Inicialmente estaba pensado para el alto funcionariado, pero se va a extender al resto.

Evaluar el trabajo de más de 40.000 funcionarios y asignarles un plus por productividad desborda la capacidad de la Administración. Se puede medir fácilmente la productividad cuando el trabajo es homogéneo y el producto es concreto, como por ejemplo, clavos, tiestos, libros. Sin embargo, la Administración es muy heterogénea y difícilmente mensurable. ¿Cómo se mide la productividad de un funcionario que atiende llamadas de teléfono o la de un profesor de instituto? ¿Y la de una enfermera de la UCI?

La productividad la van a asignar los políticos. Ellos van a elegir las áreas y personas beneficiadas. Por muchos datos que manejen va a ser difícil evitar la sensación de discrecionalidad en el reparto del dinero. Se corre el peligro de que los funcionarios oficialmente improductivos respondan a la etiqueta.

El plus se pensó, inicialmente, para los jefes de servicio de la Administración General. El argumento era que había que estimularlos porque estaban mal pagados en comparación con el sector privado. Vamos a verlo.

En el Instituto Nacional de Estadística consta que la Administración Pública es el cuarto sector mejor pagado, tras las actividades financieras, energéticas y de comunicaciones. Las diferencias con estos sectores son muy pequeñas. Sin embargo, de media, hay más de 500 euros mensuales de diferencia entre la Administración y la industria.

Hace 14 años, había más de mil funcionarios del Principado que tenían un sueldo por encima del presidente Areces. La mayoría le superaban por más de 20.000 euros brutos al año. La diferencia aumentó al desarrollarse los siguientes grados de la carrera profesional.

Entre 2013 y 2020 creció un 60% el número de altos cargos: de 171 a 286. No se puede decir que sea una Administración acéfala.

La clase política no es consciente de los sueldos que abonan. El coste medio del empleado del Principado está por encima de los 50.000 euros anuales, algo que no se encuentra en ningún otro sector.

Como las nóminas las financiamos los ciudadanos, con nuestros impuestos, no preocupa al Gobierno el tamaño de la Administración. Se va a reformar a fondo, manteniendo intacto su volumen ¿Por qué?

La Administración es el brazo ejecutor de las decisiones políticas. Todo gobierno aspira a tener más poder y para eso necesita más músculo. No sobra ni un funcionario.

Estamos a la cabeza de España en número de funcionarios autonómicos por población. No se puede adaptar la Administración regional a las necesidades de los asturianos sin reducir su tamaño. La factura que pagamos es muy cara para una población envejecida, con una tasa de ocupación muy baja. El volumen de la Administración es la verdadera causa del endeudamiento y de los altos impuestos (en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas somos lo que tenemos una mayor presión fiscal, por detrás de Cataluña).

La ley de reforma es un buen momento para reflexionar sobre la Administración, no sólo desde la perspectiva de los políticos, sino de los ciudadanos.

Hay que llegar a un compromiso, entre las necesidades de unos y otros. Simplificar trámites burocráticos está muy bien, pero también es necesario perder peso.