El pasado 28 de mayo empezó el último año del mandato autonómico y municipal. En las pruebas de atletismo de fondo y medio fondo, cuando los atletas empiezan la última vuelta a la pista suena la campana y se tensa el grupo. En ese trance están los dirigentes autonómicos y municipales.

El contexto está marcado por la coyuntura económica, bien distinta a la que se preveía hace un año, cuando los fondos europeos irradiaban optimismo hacia familias y empresas.

La política económica gira en torno a la inflación, quizás el fenómeno económico que más daña electoralmente a los gobiernos. El bote de mermelada estaba a 1,80 euros hace un mes y ahora cuesta 2,90. El precio de la botella de aceite de oliva virgen extra subió un 20% en cinco semanas. Todos los productos del lineal del supermercado siguen la misma progresión. Cada mes equivale a un año del pasado.

El Banco Central Europeo (BCE) ha actuado en consecuencia endureciendo la política monetaria: los tipos de interés subirán en julio y septiembre. Y lo que tanto nos temíamos, anunció el fin de las compras netas de deuda, la palanca con la que se financiaron, sobre todo, los países mediterráneos como España, que tiene una deuda de 300.000 millones de euros con el BCE. En 2024 habrá que empezar a devolver el dinero.

La coyuntura económica facilita la labor de la oposición, como en 2011 propició el triunfo de Rajoy. Apoyado en la coyuntura, Alberto Feijóo vuelca sus críticas sobre el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

En las últimas elecciones generales los dos bloques ideológicos (PSOE-Unidas Podemos, PP-Vox-Ciudadanos) tuvieron algo más de diez millones de votos. Ahora, en las encuestas, la derecha saca varios puntos porcentuales de ventaja.

Desde la aparición de los nuevos partidos -Podemos, Ciudadanos, Vox- los trasvases de voto se producían entre grupos de la misma ideología, de ahí que se mantuviera el equilibrio electoral entre los dos bloques desde 2015 hasta el actual curso político. El desempate venía por la intervención de nacionalistas y regionalistas, que tienen más de 40 diputados.

En la actualidad, la ventaja de la derecha se debe, probablemente, a que se le ha unido gente ajena a su ideología, pero que ve necesario votar en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde las elecciones generales de noviembre de 2019, todos los comicios autonómicos fueron adversos para el PSOE, con la excepción de las elecciones catalanas, en las que el rostro de Salvador Illa, un personaje encumbrado en tiempos de confinamiento a base de dos raciones diarias de televisión en familia, sirvió para dar un plus a la candidatura del PSC.

Las elecciones andaluzas pueden reforzar la tendencia (es lo que muestran los sondeos), con la transcendencia que tiene el hecho de celebrarse en la comunidad autónoma más poblada.

En las encuestas sobre elecciones generales, el centro-derecha lleva ventaja, pero es más difícil pronosticar cuál será la candidatura ganadora, porque entre PP y PSOE hay muy poca diferencia.

Asturias tiene coordenadas propias. La herida abierta en el centro-derecha, en 2011, con la irrupción de Foro, sigue sin superarse en las encuestas.

La foto nacional, con un centro-derecha ganador, pero con dudas sobre la lista más votada, se invierte en Asturias, donde el triunfador es el PSOE, mientras que la debilidad de los socialistas llega por el lado de la gobernabilidad.

Es absurdo que el centro-derecha comparezca en Asturias con cuatro candidaturas, cuando solo dos tienen asegurada la representación parlamentaria. No se entiende que en tres años de vida parlamentaria no hayan hablado entre partidos afines -al menos ideológicamente- para racionalizar la oferta electoral. Hablo de racionalizar porque no hay nada más absurdo que entregar votos a partidos que no tienen posibilidad de transformarlos en escaños.

En ese centro-derecha asturiano, dividido en compartimentos estancos, sólo ha progresado Vox. Falta todavía un año, pero si los comicios se celebraran ahora, el partido de Abascal sería el único que avanzaría con respecto a los resultados de las anteriores elecciones (abril de 2019).

Con una derecha dividida y el mundo de Unidas Podemos a la baja -salvo que Yolanda Díaz obre el milagro-, el PSOE asturiano debería ir a las urnas a por la mayoría absoluta, pero no está en condiciones de alcanzar esa meta.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en tantos líos de forma gratuita (los últimos, Pegasus y Argelia) y ha llevado a cabo políticas tan desnortadas (la degradación de la Educación, el radicalismo ecológico) que ha perdido apoyos en la sociedad.

El Gobierno asturiano también ha puesto de su parte, haciendo de la oficialidad del bable y el eonaviego la iniciativa política más destacada del mandato. Lo decía el otro día Fernández-Villaverde, una de las mejores cabezas económicas de la región y catedrático de la Universidad de Pensilvania: «Ha decidido malgastar una legislatura entera en un esperpento cripto-nacionalista».

Una propuesta que va en contra de la postura mantenida por los socialistas desde la Transición y contraria al electorado moderado, que siempre tuvo el PSOE. La FSA tiene que darse cuenta que el ‘sanchismo’ ya no vende. Pasó de ser un activo a convertirse en una carga. El PSOE será el partido más votado, pero la gobernabilidad en Asturias es un arcano.