El Gobierno socialista y los grupos a su izquierda volvieron a discutir a cuenta del proyecto de Ley de Calidad Ambiental. Podemos e IU discrepan radicalmente de la propuesta del Principado, viendo tras ella los intereses espurios de los lobbies empresariales. Consideran que el Gobierno asturiano utiliza el proyecto para ganar votos en el espectro de la derecha y minimizar, de esta manera, ‘el efecto Feijóo’.

Lo peor de los grupos a la izquierda del PSOE no está en lo que proponen, sino en lo que argumentan. No es aceptable rechazar el proyecto de ley, pero lo verdaderamente delirante es la argumentación que aportan para criticar la norma. Dicho rápidamente, el proyecto del Gobierno pretende reducir plazos y evitar que la concesión de licencias, de cualquier tipo, se convierta en un freno a la actividad económica con la excusa de la protección del medio ambiente. En la norma se promueve la extensión de la declaración responsable, con la que el ciudadano o la empresa asumen que las instalaciones de un negocio se ajustan a los requisitos técnicos y legales y solo afectan al medio ambiente de una forma asumible por las normas. El proyecto trata de conjugar dos objetivos: proteger el medio ambiente y rescatar la actividad económica del corsé de la burocracia. Solo los que viven en la higuera y no les importa que se mantengan barreras que desincentivan las inversiones empresariales pueden hablar de una forma tan frívola, trayendo a colación la presión de supuestos lobbies y sacando a relucir la figura de Feijóo. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que la Ley de Calidad Ambiental de Asturias es un antídoto ante las futuras candidaturas del PP?

El Principado mantiene la tramitación administrativa en los términos que está para actividades industriales con gran potencial contaminante. En ese sector es un acierto no bajar la guardia, pero cuando se trata de dar licencia a un garaje, por poner un ejemplo, es absurdo que se mantenga una tramitación tan larga que desincentiva la inversión. La tramitación administrativa forma parte de la competitividad de las empresas, así que el retraso en las licencias es un coste muy gravoso.

IU pide al PSOE que recupere el espíritu del acuerdo de investidura y lidere el «pacto de progreso». ¿Progreso? Gobernar de espaldas al interés de las empresas es la apuesta más segura para que se destruya riqueza y aumente el paro. El progreso de la sociedad no pasa por mantener intacto el poder omnímodo de la burocracia de intervenir en todo.