No recuerdo ningún debate sobre el Estado de la Nación en que se marcaran, por parte del Gobierno, unas líneas tan claras hacia el futuro. En el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha adelantado cuál será su estrategia y programa hasta el final del mandato.

El análisis del resultado de las elecciones andaluzas ha llevado al presidente a acentuar los rasgos izquierdistas de su acción de Gobierno. Resulta curioso que el avance del PP de Núñez Feijóo hacia el centro provoque un desplazamiento de los socialistas hacia la izquierda. Pedro Sánchez ha preferido mimetizarse con Podemos, un partido a la baja al que todas las encuestas le dan en torno a 25 escaños, antes que competir con el PP por el electorado del centro que quedó huérfano de Ciudadanos. Es un movimiento audaz, no exento de justificación, como luego veremos.

En 2019, tras dos derrotas en las urnas, Pedro Sánchez alcanzó la victoria con un discurso cien por cien ideológico sobre el peligro de la extrema derecha. Exacerbar el temor a la unidad de la derecha y de la extrema derecha (la foto de la Plaza de Colón) movilizó al electorado socialista. En este caso el enemigo a doblegar son los ricos, bien sean empresas o personas físicas. Esa es la razón de poner un impuesto a la banca, a través de una reforma del Impuesto de Sociedades o de una tasa a los depósitos, y otro a las empresas energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas).

Un día habla Pedro Sánchez de los oscuros intereses políticos, económicos y mediáticos que obstaculizan la acción del Gobierno, y al otro endurece la fiscalidad de unos sectores económicos concretos, envolviendo el nuevo tributo con la retórica de la lucha de clases: «La economía y el mercado deben estar al servicio de la mayoría social», o «incomodaremos a los más poderosos».

Yolanda Díaz quedó seria, cruzada de brazos en el banco azul, porque el presidente le robó el discurso.

Según las previsiones del Gobierno, los dos impuestos extraordinarios, sobre la banca y las energéticas, aportarán 7.000 millones de euros en dos ejercicios. El presidente justificó estos impuestos diciendo que con los recursos recaudados podrá paliar el daño que causa la inflación a las familias más vulnerables.

Todo el discurso giró en torno a la inflación, pero ambos impuestos no restan ni una décima a la subida de precios.

Para realizar más gasto social el Gobierno no necesita endurecer la presión fiscal, le basta con beneficiarse de la inflación para batir el récord de recaudación. El déficit público bajó cuatro puntos gracias al incremento de la recaudación tributaria, sin haber recortado ni en un euro el gasto.

Pedro Sánchez cuenta con un superávit de 15.600 millones de euros para regar los programas sociales. El aspecto crítico está en que los nuevos impuestos no se aprueban para recaudar, sino para penalizar a los poderosos, a la derecha social.

Sobre ese sustrato emocional quiere situar la lucha política Pedro Sánchez en el año y medio que queda de mandato. Con esas apelaciones trata de enjugar la diferencia que le lleva el PP en las encuestas.

Los nuevos impuestos van a tener consecuencias ajenas a los anuncios del Gobierno. El Banco Central Europeo ya se pronunció sobre impuestos a la banca, diciendo que pueden ser discutibles para la consolidación fiscal (equilibrio presupuestario), pero nocivos para soportar cargas indebidas (gasto social), que restan competitividad a las entidades en un tiempo lleno de incertidumbres.

El destinatario de los nuevos impuestos serán los clientes de las entidades bancarias y de las empresas energéticas. Veamos.

Si en un mercado concreto hay pocos oferentes y una demanda muy amplia y cautiva (todo el mundo tiene que repostar en la gasolinera o recurrir al banco), cualquier incremento de costes se traslada automáticamente a los precios. Aquí y en toda tierra de garbanzos.

Otro efecto inducido es el traslado del mecanismo perverso de la penalización fiscal a más sectores. Podemos ya pide un incremento de impuestos para los grandes supermercados con el fin de financiar con la recaudación comida gratis para los pobres.

Insisto, el motor de esa política es la animadversión ideológica hacia empresas grandes e intermediarios financieros. Quedan señalados con el dedo. En ningún país avanzado los gobiernos actúan así. Otra cosa es el tercer mundo.

Podemos también pide un impuesto para las ‘grandes fortunas’, complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, y endurecer el IRPF para salarios superiores a los 10.000 euros mensuales (esta gente todavía no se enteró de que los sueldos se expresan en cantidades brutas anuales). Ninguna de esas medidas rebaja la inflación.

Pedro Sánchez planteó otros beneficios sociales, como viajar gratis en la Renfe, o una beca complementaria para un millón de estudiantes de más de 16 años. El clásico ‘manguerazo’ social propiciado por una recaudación fiscal hinchada por la inflación.

Estas últimas medidas llevarán la lucha política a las coordenadas del populismo más grosero. ¿Para qué se dan cien euros todos los meses a chavales de 16 años? ¿Qué sentido tiene financiar un programa ferroviario de gratis total para gente de toda condición económica?

Ni mitigan la inflación ni son las medidas que España necesita ni responden a las directrices europeas, pero pueden servir para una tercera victoria electoral de Sánchez.