La Consejería de Presidencia quiso saber cuál era el estado de las instalaciones de Justicia y encargó al Colegio de Arquitectos un informe sobre veinte dependencias. El resultado es preocupante, porque hay sedes donde no funciona la alarma de incendios y hay empleados que tienen que llevar la silla de casa para trabajar, y otras en las que el deterioro afecta a la estabilidad y seguridad del edificio. Más frecuentes son las goteras, humedades o ascensores inutilizados, por no hablar de los problemas con la conexión a internet que fuerza a los funcionarios a realizar el trabajo desde el domicilio. En pocas palabras: las cosas de la Justicia oscilan entre mal y peor.

El Principado es una de las comunidades autónomas que menos recursos dedica a la Justicia. En los presupuestos de 2021 la cantidad por habitante fue de 57,7 euros. En el conjunto de las regiones la cifra se elevó a los noventa euros. Para valorar este desfase hay que recordar que al negociar la transferencia de la Justicia, del Estado al Principado, las competencias se asumieron con un déficit de financiación. Lo mismo pasó con las competencias universitarias. La experiencia indica que todas las áreas que se gestionan con un desfase de financiación en origen, conviven con esa carga durante muchos años. Esta realidad opera sobre un problema de fondo de mayor entidad. La Justicia es el tercer poder del Estado, pero no está a la misma altura que el Ejecutivo y el Legislativo. Al contrario, está subordinada a ellos. No tiene los mismos recursos ni goza de la misma consideración social. No seguimos el modelo norteamericano. Sería inimaginable que en la sede del poder legislativo hubiera el mismo nivel de abandono que en las dependencias judiciales y se trabajara con la misma precariedad de medios. No hablemos de la sede del Gobierno. ¿Cuánto se gastó en reformas y ampliaciones de dependencias para el trabajo de diputados y consejeros de Gobierno en los últimos 40 años? Hace poco se conmemoraron los 35 años de la inauguración de la sede de la Presidencia del Principado. Se dieron nombres propios a salas, hubo parabienes y recuerdos, todo dentro de un ambiente de emoción contenida. Se recreó el evento como si hubiera sido una hazaña del Gobierno socialista, de entonces.

¿Hubiera merecido el mismo trato un supuesto cumpleaños de la sede del Tribunal Superior de Justicia? Es evidente que no. Todo esto ocurre cuando la vida política y social cada vez está más judicializada. Las vigas ya no resisten.