El fallo ocurrido en las oposiciones de maestros al publicar listas de opositores con plaza, que luego hubo que rectificar porque se había aplicado un baremo derogado, ha causado un gran impacto entre opositores, familias y profesorado. Un error difícilmente admisible porque se cometió en dos ocasiones, con una semana por el medio. Debido a ello hubo que corregir, primero, las listas de Educación Física, Inglés, Primaria y Pedagogía Terapéutica. Unos días más tarde tocó cambiar las calificaciones de Infantil.

En una entrevista que se publica hoy en estas páginas, la consejera de Educación, Lydia Espina, narra la sensación «indescriptible» que le invadió cuando se conoció el error y lo tremendamente afectado que estaba el equipo de dirección de la Consejería tras el fallo. No lo dudo. Tuvo que ser muy duro. Aun así, nada como el golpe recibido por los opositores que a la mañana sacan la plaza y a la tarde se la quitan. No hay consuelo.

No voy a ahondar en este asunto, porque el mal producido es irremediable. Dimitió el director general de Personal Docente, aunque sindicatos y maestros dicen que no tuvo nada que ver con el error cometido. Chivo expiatorio.

Voy a entrar en otros asuntos de la oposición que se repiten, convocatoria tras convocatoria, y desvirtúan el proceso hasta convertirlo en una caricatura. Las oposiciones de maestros tienen tres características singulares. Es un proceso exprés: el primer examen fue en la segunda quincena de junio y el proceso de selección terminó en la primera quincena de julio.

Segunda característica. Para hacer la tarea en tan poco tiempo es preciso habilitar muchos tribunales. Más bien, muchísimos. Veámoslo con cifras: hubo 6.459 opositores distribuidos entre 89 tribunales. Cada tribunal tiene cinco miembros. En total, 445 examinadores.

Tercera característica. Los tribunales están compuestos por maestros que examinan a maestros. Los funcionarios reclutados por la Consejería de Educación para formar los tribunales tienen una gran experiencia en trabajar con alumnos en el aula, pero su bagaje teórico no es superior al de los opositores.

La mayoría de ellos sacaron la oposición hace veinte o treinta años y muchos de los contenidos que aparecen en los temas no los recuerdan o no se estudiaban en décadas pasadas. Por ejemplo, ahora tiene mucha importancia el apartado legislativo y antes era casi inexistente.

La Consejería de Educación enseña a los miembros de los tribunales el manejo de la plataforma informática que se utiliza en la oposición o los trámites del procedimiento administrativo, pero no les da formación sobre la materia que van a examinar. Lo lógico sería que profesores universitarios e inspectores de Educación, en la semana posterior al examen teórico, hicieran sesiones de trabajo con los miembros de los tribunales para que tuvieran elementos suficientes para poder calificar los ejercicios. Lo mismo habría que hacer con el caso práctico.

Nada de esto sucede. Los 445 elegidos vigilan un día el examen y al otro escuchan la lectura de los opositores y les ponen nota. La Consejería es consciente del déficit de formación de los tribunales y lo soluciona tirando por la calle del medio: le encarga al presidente de un tribunal que confeccione el caso práctico y que elabore una guía detallada de corrección del tema teórico para que la apliquen mecánicamente todos los miembros de los tribunales.

Con todos los respetos, el procedimiento elegido es un disparate. Fuera del área de la Educación, en ningún procedimiento de selección de personal de la Administración pública española se actúa así.

El resultado final está teñido de subjetivismo, de forma que se puntúa más si se cita a unos autores que a otros, se deja fuera de la valoración partes esenciales del tema y se pide a los miembros del tribunal que hagan equilibrios en el alambre, con los oídos atentos a lo que leen los aspirantes y los ojos puestos en la guía o ‘chuleta’ confeccionada por un presidente de tribunal que a falta de especiales méritos académicos se presume que cuenta con la confianza de la Consejería.

No es serio. No se pueden organizar oposiciones-exprés, ni habilitar a un montón de tribunales sin dar formación específica a sus miembros por gente académicamente solvente. Y como colofón, elegir a un presidente de un tribunal para que confeccione el examen y dicte la forma de evaluación. No hay nada más valiente que la ignorancia. Dejo para el final un asunto polémico: la asignación de plazas por tribunales.

En las oposiciones públicas deben competir todos con todos. Sin embargo, en las oposiciones de maestros se trocean las plazas por tribunales.

Pongamos que un tribunal con 80 opositores tenga asignadas tres plazas, dentro de los cientos de plazas convocadas. Si por casualidad coinciden en ese tribunal los seis opositores más capaces, tres de ellos quedarán, forzosamente, eliminados. Si compitieran todos contra todos, los seis sacarían plaza. Sin embargo, se apuesta por trocear las plazas para garantizar el mismo criterio de calificación.

Es decir, se opta por la división de las plazas, aunque dé un resultado injusto, para defenderse del subjetivismo de los tribunales.

Es probable que en Gerona o Melilla sigan procedimientos parecidos. Allá ellos. Me importa lo que se hace en Asturias.