El penoso estado de las sedes judiciales en Asturias, revelado por un estudio del Colegio de Arquitectos, da que pensar. En las instalaciones de otros organismos dependientes del Principado no se alcanza un nivel de abandono semejante. Hay riesgo para la salud de miles de personas que trabajan en esas sedes. En el informe se califica de «trampa mortal» el estado del Palacio de Justicia que alberga en Oviedo a la Audiencia Provincial. El presidente de la Audiencia afirma que «si este edificio fuera de una empresa privada, estaría cerrado». El estudio se entregó a finales del pasado año a la Consejería de Presidencia. Siete meses más tarde las cosas no han cambiado. Los servicios de prevención de riesgos laborales ya habían avisado de situaciones irregulares, pero sólo hubo actuaciones menores. Tal es la pasividad del Principado que el paso del tiempo sólo sirve para aumentar el deterioro, con edificios que no cumplen los estándares mínimos de seguridad y salubridad. ¿Por qué sucede todo esto en las dependencias donde trabajan los funcionarios de Justicia?

Ya hemos comentado que cuando se transfirieron las competencias de la Justicia, del Estado al Principado, el paquete financiero que acompañaba la operación fue claramente insuficiente. La Justicia estuvo desde el primer día mal financiada. En el presupuesto autonómico de 2021 la cantidad por habitante destinada a la Justicia fue de 57,7 euros, mientras que la media en el resto de España fue de 90 euros. Ahora bien, el problema no es lineal.

El Principado recibió las competencias de Justicia seis meses antes de empezar la crisis de las hipotecas ‘subprime’. Durante siete años no hubo inversiones. No había dinero. Este problema también ocurrió en otras regiones; las mayores quejas sobre el estado de las sedes judiciales se dio en Andalucía, Madrid y Valencia.

A ello añadamos que jueces y fiscales constituyen el núcleo duro del tercer poder. Y no dependen de las comunidades autónomas. Es una situación que no se da en ningún otro organismo de la Administración: el Ministerio de Justicia controla el 20% de las instalaciones y es el que regula el acceso a la carrera judicial, mientras que de los gobiernos autónomos dependen el 80% de las sedes y tienen en el presupuesto a la clase de tropa (auxiliares, oficiales, agentes judiciales).

De la Justicia responden todos y nadie. Si a todo ello sumamos la alergia por el protagonismo público de jueces y fiscales nos encontramos con el terreno abonado para el olvido.