El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se puso de acuerdo con las comunidades autónomas para habilitar una vía que permita de forma excepcional matar lobos. En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se discutió sobre la elaboración de una estrategia que haga posible la convivencia de la actividad ganadera y los cánidos. Es un asunto muy peliagudo, porque los moradores del medio rural no pueden garantizar la estabilidad de los ganados mientras la vida del lobo esté blindada por ley. Cuando la tercera vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, decidió incluir al lobo en el listado de especies silvestres protegidas la situación de los animales domésticos empeoró objetivamente. Por si esto fuera poco, posteriormente el Tribunal Constitucional reforzó la posición del Ministerio al prohibir cualquier actuación encaminada a matar, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de las especies protegidas.

En Asturias, al igual que en otras regiones, se cumplió la ley y se dejó de abatir cánidos. Como los daños a los ganados aumentaron, el Gobierno accedió acordar un protocolo que diera satisfacción a las partes. Hasta ahora se hacía cada dos años un inventario de los perjuicios provocados por el lobo y en función de ellos se calculaba el número de ejemplares que se podían matar. En el nuevo protocolo se abre un expediente para cada lobo donde se sustancian los ataques realizados por el animal y, una vez analizados, se valora si procede o no abatirlo.

Cualquier norma o protocolo debe juzgarse por los resultados. A priori, el procedimiento aprobado es irreal porque los gobiernos no tienen medios para hacer un seguimiento individualizado de los lobos hasta el punto de atribuirle la muerte de estas o aquellas ovejas. Es conocido que es un animal que ataca en manada, así que la imputación de daños puede hacerse, como mucho, a esa escala, sin descender hasta cada ejemplar. Estudiar la capacidad depredadora de cada lobo es un objetivo de imposible consecución porque no se pueden obtener pruebas para valorarlo. Ese tipo de concreciones parecen más propias del Código Penal, que como todo el mundo sabe sólo se aplica a los humanos. La actividad de los lobos debe valorarse con otras herramientas. Ahora bien, si el protocolo aprobado se aplica con criterio amplio puede ser útil para solucionar el problema creado al convertir al lobo en animal totémico. Cualquier invento será bienvenido si sirve para acabar con el fundamentalismo.