En las negociaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con las comunidades autónomas se llegó a pactar la posibilidad de matar lobos, como se venía haciendo hasta que la vicepresidenta Teresa Ribera incluyó al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial que conlleva, taxativamente, la prohibición de matar o dañar a cualquier ejemplar. El procedimiento de autorización es denso y tortuoso, pero no queda otro remedio que aceptarlo para defender los intereses de los ganaderos. La tramitación conlleva cuatro informes por cada animal que se quiere matar. En esos pliegos, guardas y científicos deben argumentar que matar al lobo expedientado no amenaza a la especie. La petición es absurda porque los guardas estuvieron durante muchos años sacrificando animales, mientras el colectivo lobuno duplicaba el número de ejemplares en la región. La especie no está amenazada de extinción, al contrario, el problema reside en la superpoblación con las consecuencias que ello comporta: hubo 1.300 ataques al ganado, de media, en los 2018, 2019 y 2020. También hay que demostrar que el lobo propuesto para el sacrificio causó daños importantes a ovejas, cabras, vacas o caballos. Algo nada fácil de probar porque sabido es que atacan en manada; echar la culpa a un lobo concreto de las ovejas muertas requiere de un trabajo detectivesco.

Por último, como el objetivo del Ministerio es lograr la convivencia entre animales domésticos y salvajes, para proceder a la «extracción de animales» (evitan hablar de muertes), deben justificar los ganaderos que tomaron las medidas de protección dictadas por la vicepresidenta, como poner un «cierre perimetral en la explotación con malla cinegética anudada de nudo fijo, alta resistencia y luz variable y puertas de acceso selectivo». El equipamiento protector sale por el módico precio de 12.000 euros. Ahora bien, si se opta «por puertas automáticas motorizadas», la cosa resulta un poco más cara: 6.000 euros por cada media hectárea de terreno.

La Consejería de Medio Rural ha echado sus cálculos y se podrán «extraer» el 8,9% de la cifra de lobos que aparecen en el último censo. En la práctica supondrá abatir 28 animales al año (solo en 2013 se mataron más lobos). De esa forma, según el Principado, la población lobuna se mantendría constante. Sobre este asunto la última palabra la tiene Teresa Ribera. El sistema solo funcionará si el Gobierno lo interpreta con manga ancha.