Tras la denuncia de Daniel Ripa (Podemos) sobre la pérdida de las ayudas entregadas por el Estado a las pymes asturianas y a los trabajadores autónomos, llueven las críticas de los portavoces parlamentarios.

El Ministerio de Hacienda asignó 107,8 millones de euros al Principado y este solo concedió subvenciones por valor de 47,8 millones. Es decir, el 55,7% del dinero quedó sin destino y hubo que devolverlo al Ministerio de Hacienda.

Recibir dinero para sectores afectados por la caída de la actividad económica y no ser capaz de repartirlo es un fracaso sin paliativos. Desde el Principado se culpa al Gobierno de haber puesto unas condiciones muy exigentes para dar las ayudas, pero parte del trabajo del Principado es convertirse en un activo interlocutor del Gobierno para eliminar las rigideces o arbitrariedades.

Si repasamos las cifras, la disculpa del Principado se viene abajo. De los 7.000 millones repartidos entre todas las comunidades autónomas, el 75% se asignó a empresas o autónomos. Sólo un 25% quedó sin utilizar. Si vamos por comunidades autónomas nos encontramos con que únicamente Murcia y Castilla-La Mancha dejaron más fondos sin destino que Asturias.

Me trato de poner en el puesto de la consejera, Ana Cárcaba, e imagino que el bochorno es mayúsculo, con 60 millones transferidos desde el Ministerio a la la Consejería de Hacienda sin poder darles una salida.

Cuando se hablan de cantidades grandes –60 millones lo es–, los matices de orden administrativo se transforman en problemas políticos. Deberían haber sacado la controversia de las direcciones generales y jefaturas de servicio a las instituciones para ver si desde Madrid nos negaban lo que nos corresponde.

El malogrado programa de ayudas covid para empresas y autónomos tiene especial importancia porque la política asturiana está inmersa en el capítulo de los fondos y subvenciones. Tras la fase más intensa de la pandemia, hacer política en nuestra región es pedir fondos a alguien o dotar fondos para alguien.

En todos los casos el público cree que los programas se desarrollan y se ejecutan. Sin embargo, no siempre es así por múltiples razones, estando entre ellas, de forma destacada, la propia Administración autonómica que aporta toda la inercia de un ente sobredimensionado, irracional y con un cierto margen de autonomía con respecto al Gobierno para el que trabaja.

La oposición tiene una gran tarea ante este estado de cosas. Lo primero es fiscalizar programas y cuentas, porque es preciso saber si lo que se anuncia se realiza. En el año 2020, cuando nos invadió el coronavirus, el Gobierno distribuyó 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas para reforzar los servicios de sanidad y educación. En 2021, el Ejecutivo de Pedro Sánchez repartió 13.486 millones. Entre los dos ejercicios, Asturias recibió 607 millones ¿Le consta a la oposición cómo se ejecutaron?

Como estamos inmersos en la cultura de la subvención, para el presente año también pidieron las comunidades autónomas que se activara el programa de ayudas covid. De hecho, en Valencia y Andalucía los gobiernos confeccionaron los presupuestos de 2022 con financiación de los programas covid que no se habían aprobado.

A todo lo anterior hay que sumar los primeros recursos llegados de los fondos europeos (programa REACT-UE), que en el caso español se elevan a los 10.000 millones, de los que 196 vinieron destinados a Asturias. ¿Están asignados correctamente?

La primera labor es el control de masas tan extraordinarias de recursos. Tras este primer paso hay que entrar de lleno en el debate de la eficacia de la subvención.

No puede ser que la política asturiana se limite a trasvases de recursos de unos grupos sociales a otros. Hay gente especializada que recibe por dos, tres o cuatro vías dinero gracias a estar situada en colectivos o temáticas de éxito.

Otra cuestión es la tardanza en las ayudas. Qué sentido tiene dotar un programa potente de ayudas al alquiler de vivienda, si se reciben dieciséis meses después de haberlas solicitado.

Cada día soy más escéptico sobre el sentido y la eficacia de tantos programas y fondos. ¿Cómo van a funcionar bien, si algo mucho más transcendente para la región, como es el presupuesto del Principado, queda en buena medida sin ejecutar?

A 30 de septiembre, el pasado año, el 78% del presupuesto estaba sin ejecutar. En 2020, el porcentaje sin gastar se elevaba al 87%. En 2019, fue del 65%. Al finalizar el primer semestre de este año las cosas iban peor que en anteriores ejercicios.

En todos estos fallos, retrasos o incumplimientos se topa uno con la Administración. En el caso asturiano es hoy más ineficaz que cuando tenía menos trabajadores. Si el expediente administrativo transita por muchas manos no llega a buen destino o lo hace con enormes retrasos.

Cuando a los estudiantes les explican cómo es la curva de la productividad marginal les ponen un ejemplo muy ilustrativo que vale para la Administración del Principado.

Si trabaja un jornalero en una extensión agraria, la curva crece; con dos jornaleros crece más porque se coordinan; con tres la productividad se dispara por la especialización de tareas; pero llega un momento en que un trabajador más apenas aporta.

No es eso lo peor. Lo peor es que si se sigue contratando se estorban unos a otros, y en vez de producir más, baja la producción. En esa fase estamos.