Fin de las vacaciones oficiales. Los políticos españoles descansan en agosto. En los meses de julio y septiembre pueden no trabajar, pero las vacaciones, el veraneo de toda la vida, se reserva para el mes de agosto o, al menos, para algunas semanas del mismo.

Pedro Sánchez se ciñe al estereotipo: veinte días en Lanzarote con la familia. Los políticos asturianos dan a las vacaciones el tratamiento de lo íntimo. Casi nunca se sabe si se van o se quedan, si playa o montaña, si leen esto o lo otro.

El recato y la discreción van mucho más lejos: no se les conoce segundas residencias y los coches que poseen tienen más de diez años de antigüedad. Hay alguna excepción, pero no por voluntad del afectado, sino porque en los medios apareció que tenía dos casas en el mismo barrio.

Ya sé que hay un registro de patrimonio en las instituciones, pero no me refiero a lo que declaran, sino a lo que muestran. Le planteé una vez la cuestión a Gustavo Bueno y rápidamente sacó a colación a Confucio. Capitalismo confuciano. Desde entonces me quedé con la idea de que nuestra clase política tenía insospechadas raíces confucianas. Don Gustavo no había dicho eso, pero yo necesitaba etiquetarlos y les colgué el sambenito de confucianos que requiere comentario aparte.

Para mayor confusión, nuestros políticos hacen declaraciones en agosto, van a distintos sitios de la región (sobre todo a la Feria de Muestras) y transmiten la imagen del profesional que está de guardia, como un médico o un bombero. En definitiva, rompen con la pausa estival, aunque no estén trabajando.

Con vacaciones o sin ellas, agosto hace de parteaguas en la actividad de la dirigencia. Se termina un curso y empieza otro.

Genera una cierta desazón comprobar que pasan los meses y los años y los problemas no se solucionan, sino que se acumulan. El Gobierno tiene una responsabilidad indudable, pero la oposición tampoco puede sacar pecho, porque ni siquiera denuncia lo que pasa.

No se puede poner la pandemia como disculpa para justificar la falta de actividad, la ausencia de frutos tiene otras causas. Hay rutinas que necesariamente se deben romper y axiomas engañosos que se deben refutar. Empecemos por ahí.

Los consensos están bien, pero no garantizan la solución a los problemas. ¿Vamos a estar otro curso dando la tabarra con la alianza por las infraestructuras sin obtener un logro? El foro se creó en 2017, se integraron todo tipo de colectivos políticos y sociales, sin cambiar un ápice la política del Ministerio de Transportes. Ni agilizó las obras ni asumió nuevos objetivos. Por si no estuviera todo esto suficientemente claro, ahora deja a Asturias fuera de un programa de inversiones extraordinario, financiado por Europa, por «una cuestión de plazos», según la ministra.

Otro tanto cabe decir del Foro por la Industria, una plataforma creada con la mejor de las intenciones, pero que no fue capaz de lograr que el Ministerio de Industria tuviera en consideración la problemática específica de la industria electrointensiva asturiana, ni tuvo ninguna capacidad de interlocución con la ministra, Reyes Maroto, durante la larga crisis de Alú Ibérica. Conclusión, la relación con Madrid tiene que plantearse en otra clave.

Otro asunto. Sobran anuncios y falta gestión. Estamos colmados de frases rimbombantes, pero huérfanos de mejoras. Si una responsabilidad concierne a los gobiernos autonómicos, esa es la sanidad. En el caso de Asturias, la sanidad pública ha alcanzado en el discurso político la categoría de rasgo identitario, aunque la tienen todas las regiones.

Pues bien, pese a toda la épica oficial que acompaña a la sanidad, las listas de espera crecen constantemente: este año hay más gente en la cola que el pasado, pero menos que el venidero. De julio de 2021 a julio de 2022, la lista de espera para una intervención quirúrgica o de una consulta con un médico especialista ha aumentado en 30.000 personas. Solo en el Área V hay 46.000 asturianos haciendo cola para una operación, una prueba diagnóstica o una consulta. Hay casos en que hay que hacer un gran acopio de paciencia, como sucede en el HUCA cuando se está pendiente de una resonancia magnética: 207 días.

La calidad sanitaria se degrada hasta límites insospechados con la demora de la asistencia. Tanto presumir de sanidad pública y nada promociona más a la sanidad privada que los retrasos en la pública.

Como es un problema de gestión, desborda las capacidades del Principado.

Si algo debe cambiar en la política asturiana si queremos que los problemas se solucionen, no hay duda de que es la propia Administración. El vicepresidente, Juan Cofiño, tiene el encargo de propiciar ese cambio y el instrumento jurídico para llevarlo a cambio es la Ley de Empleo Público que se espera aprobar antes de acabar el año.

Nada me gustaría más que saliera adelante y bastara para poner la Administración al servicio de los ciudadanos, pero tengo dudas. Creo que el tamaño de la Administración ya es por si mismo un problema, porque nos sale muy cara a los contribuyentes.

El Gobierno gasta tanto en mantener esa maquinaria administrativa que no queda dinero para beneficiar a la sociedad. En vez de regalar viajes en tren, mejor se reducían a la décima parte todo tipo de controles, trámites, exigencias, documentos, plazos y licencias de la Administración. Sería un cambio revolucionario.