A juzgar por las declaraciones de los miembros del Gobierno, el tema candente en España es la tensión entre ricos y pobres, como ocurre en todos los países atrasados, carentes de recursos y con una población escasamente culturizada.
De forma insistente, Sánchez, Bolaños, Calviño y Montero repiten que es necesario que contribuyan más a Hacienda los que más tienen, como si la reforma fiscal de Fernández Ordoñez, en el primer gobierno de UCD, no hubiera dejado establecido, hace cuarenta y cinco años, que las rentas altas paguen más que las rentas bajas. Con mirar los tipos del IRPF de entonces se constata. En todo el periodo democrático nunca dejaron de pagar mucho más ricos que pobres, como es lógico. Ejemplo: los 11.907 contribuyentes que tienen unos ingresos superiores a los 600.000 euros anuales, pagan a Hacienda, de media, 563.763 euros.
A cuento de qué viene esa campaña lanzada por el Gobierno como si estuviéramos en una sociedad desorganizada, sin estar protegida por un Estado digno de tal nombre.
Por increíble que parezca esta dosis diaria de ricos y pobres responde, únicamente, a la apuesta electoral del Gobierno. Hay que inventarse un enemigo para sacar votos a su costa. Hay precedentes en la materia.
El 2 de septiembre de 2018, la derecha derrotaba a la izquierda en Andalucía por primera vez. Se abrían nuevas expectativas. Unas semanas más tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que convocar elecciones porque sus socios tumbaron los presupuestos.
Iván Redondo estaba en las cocinas de la Moncloa y fabricó un resorte para ganar los comicios: el miedo a la ultraderecha. Por primera vez Vox había entrado en una Cámara autonómica (12 escaños en Andalucía) y se valió de este hecho y de la famosa foto en la Plaza de Colón (donde Carmen Moriyón estaba hombro con hombro con Pablo Casado) para provocar la emoción del miedo a la ultraderecha.
En aquellas fechas, un politólogo tan prestigioso como Pablo Echenique, afirmó que en España había tres partidos de extrema derecha (PP, Ciudadanos, Vox). Un caso notable: la única democracia en el mundo que no tenía una derecha convencional. Con el mensaje del pavor a la ultraderecha ganó Pedro Sánchez las elecciones del 28 de abril de 2019.
En la actualidad, un sondeo detrás de otro anticipa una mayoría parlamentaria de derechas. Hay que hacer algo, inventar un trampantojo que influya en la opinión pública. Así resucitó Pedro Sánchez la España de los ricos riquísimos que plenos de egoísmo no contribuyen a mantener la sanidad pública, la educación inclusiva y las pensiones de nuestros mayores. No hace falta decir que los ricos forman tándem con el PP y los pobres con la izquierda. Un relato así no existe en los países de la Europa occidental.
La fórmula de introducir el debate de ricos y pobres empezó por el lado más fácil: «las empresas eléctricas y energéticas», como dice Pedro Sánchez. Ahí hay un filón inagotable; la demanda de gas supera a la oferta, así que los precios altos están garantizados. Lo que no dice el Gobierno es que el demencial mix energético, producto del fundamentalismo de Teresa Ribera, nos ha colocado en la posición más débil. La prisa por cerrar las térmicas de carbón, por desahuciar las centrales nucleares, sumado a la sequía que dejará este año reducida a la mitad la generación de energía hidráulica, nos resta capacidad de maniobra.
En un panorama tan viciado la supresión del Impuesto de Patrimonio, por parte del Gobierno de Andalucía, fue imitado por otras comunidades autónomas, y cuando se empezaron a sumar regiones socialistas el Gobierno se olvidó de lo dicho en julio, sobre la no elevación de impuestos, y llevó a la fiscalidad su relato de ricos y pobres, anulando de paso la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
La estrella es el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, un tributo que tiene como sujetos pasivos a 23.000 acaudalados que tendrán que apoquinar 1.500 millones de euros al año. El tributo merece un artículo entero por la trampa que conlleva para impedir que los gobiernos autonómicos supriman el Impuesto de Patrimonio, pero, además, es una excusa perfecta para que la riqueza se vaya de España. Alguien que tenga cinco millones (más un euro) en veinte años le quita el Gobierno el 40% de su fortuna. En Europa, solo en los dos países más ricos -Suiza y Noruega- hay Impuesto de Patrimonio. Aquí ya duplicamos la oferta. ¡Será por dinero! La estrategia de ricos y pobres lleva a Pedro Sánchez a asumir el programa fiscal de Podemos.
Lo más formidable de toda esta historia es que la crisis energética, con la subida galopante de precios, ha dañado a todos los estratos sociales, pero ha beneficiado extraordinariamente al Gobierno que entre enero y agosto ha recaudado 27.000 millones más que el pasado año, mientras que sus rebajas en el IRPF para las rentas más bajas, solo representan 2.000 millones entre los dos próximos ejercicios.
El Gobierno no deflacta el IRPF, que es tanto como subirnos los impuestos a todos, y señala con el dedo a los ricos, cuando la gran afortunada es Hacienda.
El discurso de ricos y pobres cuartea la sociedad, creando enemigos de clase, como sucedía en tiempos anteriores a la sociedad de consumo, que es tanto como decir la sociedad integrada. La demagogia a lo Kirchner puede salirnos muy cara a todos. ¿Merece la pena envenenar la sociedad por un puñado de votos?