Del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentado esta semana, hay un dato que destaca por encima de cualquier otro: 8,5% de subida en las pensiones. Un incremento desconocido que trae consigo un récord: la factura de las pensiones en los presupuestos es de 190.685 millones de euros. Para poder digerir una cantidad tan descomunal es preciso hacer un punto y aparte. La ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno no quedaron sobrecogidos ante tamaña cifra y asumieron que el gasto global en pensiones creciera un 11,4%. Para el trabajo de un gestor es importante saber cuánto representa el principal gasto en los presupuestos que confecciona. Pues bien, para el próximo año, las pensiones alcanzan el 39,2% de los presupuestos.

Un porcentaje casi idéntico al que representa el gasto en Sanidad para las comunidades autónomas. Si la factura sanitaria trae de cabeza a los gobiernos regionales, el pago de las pensiones causará graves quebrantos al Ejecutivo central. No obstante, hay una diferencia fundamental, la sanidad es competencia de los gobiernos autonómicos, mientras que las pensiones deberían ser un asunto de los cotizantes, pero con la desmesura de los incrementos en las pagas de los pensionistas, la diferencia ha quedado borrada.

Parece mentira que un antiguo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), convertido en ministro, haya olvidado el rigor para cargar las cuentas de la Seguridad Social sobre las sufridas espaldas de los contribuyentes. En los presupuestos de 2023, hay 38.900 millones insuflados a la Seguridad Social a través de los impuestos.

La apuesta del Gobierno carece de racionalidad económica. Bastante difícil resulta financiar el Estado del Bienestar, tal como señalan las competencias entre las distintas instituciones, como para meter las pensiones en la mochila de los presupuestos estatales. Si esto es así, por qué el Gobierno de Pedro Sánchez asume tamaña carga. Por pura lógica electoral. Y aquí entramos de lleno en consideraciones políticas.

El Estado paga 9,9 millones de pensiones. El colectivo de pensionistas crece como corresponde a una sociedad envejecida. Dentro de veinticinco años, un tercio de los españoles estará en la tercera edad. Los pensionistas, aunque cada uno sea hijo de su padre y de su madre, forman un bloque homogéneo, cosa que no se puede decir de los trabajadores en activo. A los jubilados les paga el mismo organismo el día 25 de cada mes. Una nómina muy sencilla, sin trienios ni pluses de peligrosidad ni complementos de destino ni dietas. Saben de memoria la cantidad que cobran. Y su principal reivindicación también la recitan de corrido: revalorización de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo (IPC). El 8,5% que viene recogido en el proyecto de presupuestos. Para hacernos una idea de lo que significa el dato, digamos que la subida de sueldos en los convenios colectivos firmados este año es del 2,6%.

Un bloque de diez millones de personas, con sus familias, es capaz de quitar y poner gobiernos. La mayoría electoral pivota sobre los jubilados. A mayor abundamiento, los pensionistas tienen un marcado perfil bipartidista (PSOE, PP), así que practican mejor que nadie el voto útil. No se permiten frivolidades a la hora de elegir las papeletas.

España va en cabeza de una tendencia que se extiende por la vieja Europa. En diez países de la UE las pensiones están vinculadas al IPC. Entre ellos, además de España, están Francia, Italia, Holanda o Bélgica. En otros siete países las pensiones van indexadas a la evolución de los salarios; así ocurre en Alemania, Suecia o Dinamarca. El resto utilizan métodos mixtos. Este año, la subida de las pensiones en Alemania es la más alta en los últimos treinta años (6,1% en Alemania del este y 5,5% en el oeste). En Italia, las pensiones se han elevado el 5,8%, el mayor incremento del siglo XXI. En Francia, Macron habló de una pensión extraordinaria, de la que ya pagó el 4%; en enero, el resto.

La hegemonía gris está en marcha. Constituye un poder dentro de unas democracias que funcionan sobre el principio del equilibrio de poderes. Su arma es el voto. No amenaza con huelgas, sino con urnas. Ningún gobierno se atreve a echarles un pulso por temor a aparecer sentados en los escaños de la oposición.

Para completar la descripción hagamos referencia al aliado coyuntural que han encontrado los pensionistas en estas sociedades de empleo escaso y altas demandas de seguridad. Los funcionarios. Hay 2,7 millones de empleados públicos (1,6 millones en las comunidades autónomas) que van a ver incrementadas sus nóminas el 9,5% en tres años. En tiempos de crisis económicas y pandemias, pensionistas y funcionarios (por ese orden) acceden a unos beneficios que no reciben trabajadores, desempleados y ociosos. Cuando Pedro Sánchez afirma que gobierna para la clase media trabajadora no dice la verdad. La prioridad en sus presupuestos es la clase pensionista y funcionarial.

Como detrás de este reacomodo social no hay racionalidad económica (ejemplo de ello es el tratamiento que dan los presupuestos a las pymes: las últimas de la fila) es urgente un pacto de rentas. Para llegar a ese acuerdo es preciso que, previamente, PSOE y PP lleguen a la conclusión de que no se puede gobernar en función de los lobbies.