Melania Álvarez ha informado en la Junta General del Principado de que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar va a llamar a todos los perceptores del salario social para actualizar la forma de inserción de cada beneficiario. La iniciativa es totalmente pertinente y en cualquier país avanzado entra siempre dentro de los protocolos de control de las subvenciones dadas por la Administración a personas con escasos recursos. Cuando se introdujo en el Principado la prestación del salario social básico (año 2005) se partía de la doble función que debía cubrir: impedir que las personas caigan en el pozo de la indigencia y dotarlas de medios para insertarse en el mercado laboral. El salario social, si se convierte en una paga que se cronifica, solo cumple una de los dos objetivos, evitar la pobreza severa. Es muy importante alcanzar la segunda meta: la rehabilitación social por la vía del trabajo. Lo que pretende la consejera, al revisar los planes de reinserción de cada beneficiario, es algo tan lógico que resulta inconcebible que la oposición lo critique. ¿Qué debería hacer Melania Álvarez, dar por bueno que haya cientos o miles de perceptores cobrando el salario social sin participar en cursillos de formación o sin atender a ofertas de empleo?

La crítica de la derecha, centrada en recalcar que «el sistema fracasó», no pasa de ser mera esgrima parlamentaria. No se puede decir con rotundidad que fracasó cuando hay decenas de miles de personas viviendo gracias al salario social o cuando en los últimos meses se sumaron 3.000 perceptores a los nuevos itinerarios de inserción. Pero a renglón seguido hay que añadir que la prestación es manifiestamente mejorable y en esa línea se inscribe la revisión de los planes de reinserción. Me cuesta mucho más entender las críticas que llegan de partidos a la izquierda del PSOE, cuando demonizan a la consejera por «criminalizar a los más vulnerables». ¿Cómo se pueden hacer esas acusaciones? Así que velar por que la gente participe activamente en las vías de reinserción social es criminalizar. Dejar que los beneficiarios cobren la paga y no quieran oír hablar de ofertas de trabajo es política progresista. Y con esos principios quieren gobernar.

Aunque sea un aspecto menor dentro del debate parlamentario, cabe resaltar la novedad que introdujo la consejera con el tono político de su intervención. Cuando se es portavoz del Gobierno no cabe refugiarse en la jerga administrativa. Hay que hacer política. Que se repita.