Compareció, a petición propia, Melania Álvarez en la Junta General del Principado para informar de la gestión del salario social básico en los tres últimos años; un periodo complejo, al juntarse la renta del Principado con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. Hubo problemas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero al final la consejera allanó las dificultades que habían planteado en Madrid. En la Cámara, recordó el núcleo de la prestación, que no es otro que el derecho de los beneficiarios a cobrar una renta y a recibir formación para integrarse en el mercado de trabajo. Señaló que la Consejería de Derechos Sociales, junto con el Servicio de Empleo y los ayuntamientos, trabaja para hacer ofertas laborales adecuadas (‘trajes a medida’) a las capacidades de los beneficiarios. Para que la oposición entendiera lo que pretendía el Gobierno, dijo que «hay que pasar de asistir la pobreza a combatirla». No al tratamiento pasivo, consistente en transferir unos cientos de euros al mes, que cronifican la penosa situación, para pasar a integrarlos en el mercado de trabajo y convertirse en ciudadanos autónomos.

Tal vez se encuentren muchas dificultades para llevar esa filosofía a la práctica y, por desgracia, se puede fracasar, pero no hay otro plan mejor. Aúna las buenas intenciones con el realismo, porque lo insostenible y bochornoso es tener por tiempo indefinido a decenas de miles de personas válidas dependiendo de un mecanismo meramente retributivo. En las últimas semanas, Melania Álvarez ya habló tres veces sobre esta cuestión, pero la oposición de izquierdas sigue anclada en prejuicios ideológicos y arremete contra la consejera. Veamos.

Rafael Palacios (Podemos) zanjó cualquier intento de mantener un debate político sustituyendo los conceptos por pesquisas policiales: ¿quién realizó las llamadas telefónicas?, ¿a qué hora del día?, ¿con qué criterio? El portavoz morado se refería a los intentos fallidos de los servicios sociales para ponerse en contacto con perceptores del salario social para ofrecerles un trabajo. Así que si las llamadas las hacen otras personas, a otras horas del día y con otros criterios, todo el mundo coge el teléfono y acepta el trabajo. Por su parte el coordinador de IU, Ovidio Zapico, invitó a la consejera a hacer una lectura política basada en que la derecha la aplaude y Podemos e IU la critican. Si un partido fija postura haciendo lo contrario que otro merece ser condenado a cien años en la oposición.