Vuelve a la actualidad la embajada de Asturias en Madrid. La sede comprada por 6,5 millones de euros, en el año 2005, para ser el «escaparate de la región», ha quedado vacía y se le busca destino. El único uso potencial conocido es adecuar el inmueble para convertirlo en oficina económica y comercial del Principado. Se trata de un compromiso planteado por Ciudadanos para aprobar el presupuesto de 2022. A estas alturas del curso, la partida de 60.000 euros destinada a ese fin está intacta. Las vías habituales de tratamiento de un inmueble ocioso, venta o alquiler, ya se han intentado sin dar el resultado apetecido. No me extraña, ya que la Administración solo está preparada para sacar fruto de las relaciones con los administrados. Les sabe sacar jugo. Cuando entabla relaciones comerciales con personas, jurídicas o físicas, ajenas a su competencia, el resultado es azaroso, cuando no directamente ruinoso.

La embajada de Asturias en Madrid fue una idea surgida en los años del boom económico. La década que precedió a la quiebra de Lehman Brothers será equiparada por los historiadores a los felices años veinte del siglo pasado. En aquella etapa la Generalitat tenía embajadas por todo el mapamundi. El Principado, más sobrio, se conformó con un inmueble en el centro de Madrid de tres plantas y casi 2.000 metros cuadrados. Cuando ganó las elecciones Foro (año 2011), Cascos lo mandó cerrar. Para entonces, en el inmueble se habían creado diez puestos de trabajo (gente del Idepa, oficina turística, azafatas para la sala de exposiciones). De forma distendida diré que recordaba el viejo chiste de la época del telón de acero: «Nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan». La decisión de Cascos fue la correcta.

Al inmueble ocioso hay que darle una salida. Nada de pensar en llenar los 2.000 metros cuadrados de empleados públicos. No se puede convertir en otro motivo para aumentar el gasto corriente: por aquí se recupera el Consejo Económico y Social, por allá se encienden las luces en la embajada. Como los funcionarios no saben venderlo se encarga a una empresa del sector que lo haga. Si por alguna razón no se quiere vender y se crea la oficina económica y comercial que pide Ciudadanos, con una planta va que chuta. Seamos sinceros, en este siglo de internet y con el AVE dando servicio en junio (tras las últimas palabras de la ministra Raquel Sánchez, amplio un mes el plazo para no frustrarme), con unos pocos metros cuadrados de moqueta se pueden hacer maravillas.