Juan Cofiño hizo un diagnóstico rotundo sobre la Administración pública. Para valorar sus palabras hay que tener en cuenta que es vicepresidente del Gobierno regional y tiene el encargo de reformar el Principado. Más de dos años de trabajo le dan un conocimiento por encima del que tiene la clase política asturiana; por razón de su cargo las críticas que formula no pueden caer en la hipérbole. Pese a esos condicionantes dejó todo un titular: «La función pública es una de las calamidades que tiene este país». Nadie del actual Gobierno autonómico, ni de los anteriores, había hablado así. Reconoce que la Administración se ha convertido en un doble problema. Es una carga para los ciudadanos y las empresas, al atender tarde y mal a sus demandas, y un obstáculo para el Gobierno, que no puede cumplir sus objetivos porque los proyectos quedan enredados en la burocracia. El vicepresidente reconoció que los 42.000 empleados del Principado no forman el plantel que necesita el Gobierno, ya que las nuevas demandas de la sociedad se topan con unos empleados públicos preparados para las necesidades del pasado.

Cofiño señaló dos asuntos que lastran, en la actualidad, el trabajo de la Administración. Los casos de corrupción han provocado en el funcionariado una respuesta defensiva, al optar por incrementar los controles para curarse en salud. El resultado es una tramitación aún más lenta y angosta que en el pasado. Exagerar las cautelas solo sirve para alargar los tiempos de concesión de licencias. Cuando es necesario ir más rápido, se va más lento que nunca.

El otro gran problema es la exuberancia legislativa. La suma de normas europeas, nacionales y de 17 autonomías convierte la gestión administrativa en un laberinto, donde las contradicciones paralizan al gestor y son caldo de cultivo para que triunfen los contenciosos-administrativos planteados por ciudadanos y empresas. Uno de los mejores ejemplos son los planes de urbanismo, que cualquier abogado experto logra anular para satisfacción de su cliente. En este punto, no me resisto a decir que los jueces enfrentados a los vericuetos urbanísticos aprovechan cualquier defecto de forma en el desarrollo de una actuación concreta para tirar todo el plan abajo. Recuerdo a una alcaldesa de costa que me dijo: «Nosotros vamos a seguir p’alante porque siempre nos van a tumbar los planes». Y a un alcalde de costa que contrató para hacer el plan al abogado que había echado abajo el anterior. Conclusión: Juan Cofiño tiene razón.