Lo más destacado de la actualidad semanal ha estado en las principales instituciones del Estado, con la reunión aplazada del Tribunal Constitucional (TC) y el pleno estridente del Congreso de los Diputados, con sus señorías en modo ‘molto vivace’.

La continuación del drama está asegurada con la reunión del lunes del TC para resolver sobre las medidas cautelarísimas solicitadas en el recurso de amparo del PP contra la reforma judicial del Gobierno, y el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el martes, para desbloquear la renovación del TC.

Sobre el escándalo haré tres apuntes antes de ir a donde quiero ir. Tras leer y escuchar opiniones diversas, creo que solicitar al TC que suspenda una iniciativa legislativa del Congreso de los Diputados es una medida harto discutible, que de generalizarse crearía una tutela del Tribunal no prevista en la Constitución sobre el poder legislativo. En general, estaremos todos de acuerdo en que los tribunales actúan a posteriori, no a priori. El único precedente que se invoca es el recurso de amparo del PSC pidiendo la suspensión de un pleno del ‘Parlament’ en los tiempos convulsos del otoño de 2017. Hay una diferencia sustancial: las cámaras autonómicas no representan al pueblo español que es el titular de la soberanía. Las Cortes Generales, sí.

Segundo apunte. Reformar leyes orgánicas por procedimiento de urgencia y mediante proposición de ley o enmiendas, sin informes preceptivos y en contra de la opinión de los letrados del Congreso de los Diputados, es un disparate absoluto. Que el Gobierno actúe así produce un daño enorme a las instituciones al optar por un procedimiento sin garantías.

Tercero. En la Cámara Baja se produjeron intervenciones abiertamente ofensivas, sin que la presidenta hiciera otra cosa que reclamar silencio. No obstante, en otros parlamentos ocurren, en ocasiones, escenas semejantes. La intervención verdaderamente preocupante llegó a la noche, con Pedro Sánchez de protagonista. Tras estar ocupado durante el día en gestiones con sus colegas europeos, tuvo tiempo de dar su parecer antes de acabar la jornada: «Aquí estamos ante un intento de atropello de nuestras instituciones por parte de la derecha política y de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática».

Nunca un presidente del Gobierno de España habló así. Introducir a los jueces en la trinchera de la batalla política es algo que en nuestro país solo lo había hecho Pablo Iglesias.

Todo lo sucedido -y lo que ocurrirá la próxima semana- provoca ríos de tinta. No nos debe de extrañar. Creo, no obstante, que lo más interesante no está ya en el presente ni en el inmediato futuro (Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional), sino en la relación de lo que está pasando con la próxima legislatura. El horizonte de 2023 a 2027.

En sus tres años y medio de presidente el mayor coste político que asumió Pedro Sánchez fue el rescate de los líderes independentistas (indulto, junio 2021) y la creación de un marco jurídico para que las fuerzas nacionalistas puedan operar sin reproche penal. La supresión de la sedición, sustituyéndola por el delito de desórdenes públicos agravados, deja las penas máximas reducidas a la tercera parte y, además, está descrito de una manera vaga: «Atentar contra la paz pública». Es mucho más claro hablar de atentar contra el orden constitucional. El que más se acogía a la retórica de la paz («25 años de paz») era el régimen de Franco.

En la creación de ese ecosistema favorable para los secesionistas tiene un papel singular la reforma del delito de malversación. Para dejar en pecado venial gestionar fondos para imponer la independencia, la malversación queda ligada al afán de lucro personal. La malversación sólo es grave si supone apropiación, no basta con dañar el interés público, tal como se entendía hasta ahora. El Gobierno distingue entre la corrupción y mal uso de fondos públicos.

A la izquierda, en especial a la asturiana, le interesa mucho el bien público. Pues bien, si, por ejemplo, un consejero del Gobierno vende inmuebles por una cantidad por debajo de su precio no es un corrupto. Si un alcalde quiere privatizar los servicios municipales y los vende por un precio favorable a sus amiguetes, puede quedar condenado con una pena de cárcel tan leve que no ingrese en prisión. Hablando de penas, los socialistas repiten el mantra de igualarse con Europa, pero en los países vecinos imponen diez años de cárcel por dañar el bien público.

Sánchez usa las luces largas de las que presumía Zapatero. Ya eligió socios estratégicos para el nuevo mandato y adapta el sistema jurídico a las necesidades de sus aliados y a los planes que piensa realizar con ellos. Podemos es una incógnita, pero ERC, Bildu y PNV son valores sólidos y al alza. El líder socialista catalán, Salvador Illa, confirmó el otro día que habrá una consulta en Cataluña.

Para que los independentistas puedan ser socios del PSOE hay que introducir cambios profundos en el modelo de Estado. Para ello es preciso mantener el discurso de la polarización señalando con el dedo a los jueces, a los medios y a la oposición. Hay que forzar las resistencias e implantar un modelo de parlamentarismo nuevo, donde se cambian las leyes orgánicas entre el lunes y el jueves, sin informes preceptivos, ni dictámenes de los servicios jurídicos ni debates. A la luz de estos datos debe realizarse la reflexión electoral.