La declaración de guerra a la burocracia, realizada por el presidente Barbón, ha provocado una granizada de críticas de los grupos de la oposición. Según se acercan las elecciones se tensa la relación entre los partidos, aunque quizás sea más acertado decir que aumenta la sobreactuación por parte de quien gobierna y de quienes aspiran a hacerlo. Se acentúa la dimensión teatral de la política. La oposición señala al presidente del Principado como responsable del aumento de la burocracia, y considera que se han perdido cuatro años para retirar los obstáculos administrativos que frenan la actividad económica.

La Administración del Principado se ha ahormado desde los gobiernos en los últimos cuarenta y dos años. Durante el 90% de este periodo gobernaron los socialistas, así que las estructuras, los procedimientos y la selección de personal tienen su huella, aunque hay que advertir de que la autoría de las vigas maestras de la función pública corresponde al Estado; a los gobiernos centrales y a Las Cortes. Los gobiernos autonómicos tienen que atenerse a un formato que se pretende común para todos en los aspectos básicos. De hecho, la reforma que intenta, actualmente, el Principado no afecta al núcleo duro de la Administración, quedando a la espera de que algún día desde Madrid afronten el problema. Hasta ahora nadie se atrevió con ese miura.

Hablemos sin tapujos. El anquilosamiento de la Administración y el crecimiento de la burocracia nunca preocuparon a los partidos políticos asturianos. Si se repasan las intervenciones de la última sesión de investidura, se verá que nadie planteó este asunto. Si vamos más atrás, encontraremos situaciones que hablan por sí solas: los gobiernos de Javier Fernández fueron los que redujeron menos organismos autónomos, cuando el presidente Rajoy emplazó a los gobiernos regionales a suprimir entes públicos. La pauta hasta ahora ha sido dar más músculo a la Administración, a través de ofertas públicas de empleo, mientras en el sector privado se recortaban las plantillas. Esta operación ha venido acompañada de una peor atención al público, por culpa del aumento de los requisitos al administrado y la implantación de una comunicación digital, con aplicaciones informáticas complejas, inaccesibles para el público. Cuando se habla de reformar la Administración los políticos deberían dejar de mirarse el ombligo y pensar en las necesidades de los ciudadanos que dedican gran parte de su sueldo a financiar algo que no funciona.