En el tiempo que va desde hoy hasta el último pleno parlamentario de la legislatura (28,29 de marzo), Gobierno y grupos parlamentarios pelearán por aprobar o aparcar las leyes que se están tramitando. Para los socialistas es fundamental aprobar la Ley de Empleo Público y la Ley de Calidad Ambiental, ya que con ambas aspiran a reformar la Administración autonómica. Los grupos a la izquierda del PSOE (IU y Podemos) intentarán que no salga adelante la Ley de Calidad Ambiental. El portavoz podemita lo expresó de manera rotunda: «Vamos a hacer todo lo posible para que la Ley de Calidad Ambiental no se apruebe en este mandato». No aclaró lo que quería decir con ‘hacer todo lo posible’. El pasado año, cuando estaba sobre la mesa la aprobación del régimen trilingüe (castellano, bable, eonaviego), Rafael Palacios llegó a ofrecer al diputado de Foro la bajada de impuestos. Menos mal que IU rompió la baraja, al parecerle una barbaridad oficializar lenguas con el anzuelo de las concesiones ideológicas.

Es inexplicable que dos proyectos de normas registrados (Empleo y Calidad Ambiental) hace once meses estén todavía a medio tramitar. No creo que sean los funcionarios, en este caso, los responsables de la lentitud en la aprobación. Si por algún casual gana el pulso Podemos y se consume el tiempo que resta del mandato sin sancionar estas normas, sería un fracaso tremendo del Gobierno y del grupo parlamentario socialista. Recordemos que fue Adrián Barbón el que lanzó la propuesta de reformar la Administración, encargando la tarea a Juan Cofiño. El vicepresidente hizo el trabajo, pero entre los anquilosados procedimientos administrativos y parlamentarios y las mañas de la correosa oposición, resulta que puede quedar bloqueado.

Los problemas en la sanidad, en los proyectos que aspiran a contar con la financiación de los fondos europeos, en las subvenciones para las viviendas, en la luz verde a los parques eólicos o en las tramitaciones de leyes en la Junta General del Principado, residen en una falta de adecuación de la Administración y las instituciones a las necesidades de los agentes económicos y de los ciudadanos. Por los tortuosos procedimientos administrativos se queda gran parte del presupuesto del Principado sin ejecutar. Ni se hacen leyes ni se gastan las partidas. No cabe resignarse ante tamaño espectáculo. Otra legislatura con las manos atadas degradaría el clima político y desesperaría al personal. Cuando las instituciones no funcionan hay crisis.