La Fiscalía del Principado de Asturias ha ampliado la acusación contra Álvarez-Cascos tras conocer nuevos documentos entregados por un particular. La Fiscalía eleva a 181.648 euros el dinero obtenido por el ex líder de Foro, bien sea cargando gastos personales o familiares -hotel, alimentos, transporte- en las cuentas del partido (7.793 euros) u obteniendo ingresos de Foro por alquileres ficticios de inmuebles; por esta segunda vía habría recibido 173.855 euros. Cargar gastos y obtener ingresos de la organización recuerda lo sucedido con José Ángel Fernández Villa y el SOMA. Fruto de todo lo anterior, el ministerio fiscal pide una pena de prisión de tres años y seis meses por un delito continuado de apropiación indebida. Como ocurre en cualquier proceso penal, todas las actuaciones dolosas citadas hay que calificarlas de presuntas, porque la única verdad reside en las sentencias firmadas por los jueces. Las valoraciones sobre delitos y la solicitud de penas, realizadas por los fiscales o las acusaciones particulares, no tienen por qué coincidir con lo que consideran probado los jueces. En muchas ocasiones difieren, como corresponde a dos figuras, la del fiscal y el juez, que juegan papeles distintos.

Los días 31 de mayo y 1 de junio se celebrará el juicio oral en la Audiencia Provincial, tres días después de que hayan tenido lugar las elecciones autonómicas y municipales. En el caso de los presuntos delitos cometidos por Cascos, justicia y política van juntas. La forma más elemental de comprobarlo es que los dirigentes de Foro relacionan la deriva del partido con el presunto latrocinio de Cascos. Es una conclusión interesada, ya que de esta manera no tendrían ninguna responsabilidad en los desastres electorales, que les han hecho descender desde los 16 diputados de 2011 a los 2 escaños de 2019.

Es evidente que Cascos es el que cometió los mayores errores políticos y, siendo el presidente del partido, es el máximo responsable. Pongo tres ejemplos. Presentar una candidatura en Madrid para perjudicar al PP, en noviembre de 2011, suponía romper definitivamente con Rajoy. Convocar elecciones anticipadas a los ocho meses de haberse celebrado los comicios no tenía precedentes. Borrarse de la candidatura, en 2015, y poner a Cristina Coto al frente, era provocar la huida del electorado. Ahora bien, las decisiones fueron respaldadas por la dirección. Nadie disintió. La Audiencia Provincial dirá si delinquió o no, pero en la deriva política muchos fueron solidarios.

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