En rueda de prensa, Adrián Barbón se reafirmó como ganador de las elecciones autonómicas, sin dar pistas sobre el futuro. El presidente anunció que las negociaciones sobre el próximo Gobierno no empezarán hasta constituirse los ayuntamientos (17 de junio). Lo que ocurra en los consistorios puede ser significativo, pero no hay que darle un valor absoluto, porque cada ayuntamiento tiene su propia problemática. Como criterio orientativo, Barbón manifestó que «lo lógico es que la izquierda se ponga de acuerdo». En eso estamos todos, pero la política asturiana entiende la lógica como excepción. En todo caso, la norma que rige para la elección de alcaldes es mucho más exigente que la que regula la investidura del presidente del Principado.

En los consistorios hay que estar apoyado por la mayoría absoluta de los concejales para ser alcalde. Si ese requisito no lo cumple ningún candidato, será alcalde el que encabece la lista que haya tenido más votos en los comicios. En el Principado no se puede votar en contra de los candidatos, verdadera anomalía que, con la disculpa de propiciar la gobernabilidad, lo que hace es quitar a los diputados el derecho a decir que ‘no’.

En toda Europa sólo en el País Vasco se sigue un método parecido. La institucionalidad asturiana está llena de enunciados ‘lógicos’ en el discurso político, pero que no tienen validación en la mayoría de las comunidades autónomas o en ninguna. El modelo de investidura permite, en segunda votación, que salga alguien elegido presidente con la abstención de todos los diputados de la Cámara y el voto favorable del propio candidato. A esa rareza añadimos nuestra particular división del territorio regional -10.600 kilómetros cuadrados- en tres circunscripciones, como si Villaviciosa o Muros de Nalón fueran territorios ignotos, con vida y problemas diferentes a los de Gijón o Avilés, necesitados de una representación parlamentaria distinta. Sin que jamás se discuta, está consagrada una forma de gestionar el voto de los ciudadanos y su consecuencia inmediata, el acceso al poder de los partidos, que merecería una revisión en toda regla. Somos muy peculiares; los partidos minoritarios, grandes perjudicados por tanta lógica, jamás protestan. El pasado año, cuando la izquierda y Foro lucharon por reformar el Estatuto de Autonomía, no hablaban de esto. Al contrario, animados por las tres circunscripciones querían oficializar tres lenguas. Conclusión: los padres del Estatuto eran unos fenómenos.