Empieza la legislatura eligiendo a los miembros de la Mesa de la Junta General del Principado (presidente, vicepresidentes y secretarios). El PSOE e IU se reunieron la pasada semana para llegar a un acuerdo rutinario: Presidencia y Vicepresidencia primera para el PSOE, Secretaría primera para IU. Los dos puestos restantes serán para el PP. La mayoría de la Mesa queda en manos de la izquierda. Antes de que se reunieran PSOE e IU ya habíamos escrito en estas líneas que el reparto de funciones sería exactamente ese: la izquierda gana en las tres votaciones (presidente, vicepresidentes y secretarios) y el PP recoge los restos, mientras Vox, Podemos y Foro se quedan sin voz en la Mesa, que es tanto como decir sin capacidad de influir en la organización del trabajo parlamentario. Para entender en qué clima se inicia la legislatura es interesante anotar que la única reunión habida entre partidos, de la que haya constancia, es la ya citada entre socialistas e IU. Por otra parte, el PP ya anticipó que no negociaría con otros grupos la composición de la Mesa, que es tanto como decir ‘con Vox no hay nada que hablar’.

En el pasado mandato se aprobaron muy pocas leyes: veintiuno, cuatro de ellas fueron las dedicadas a los presupuestos. De los diecisiete Parlamentos autonómicos, el asturiano fue el que menor producción legislativa tuvo. Es una cuestión muy dada al debate mediático sobre la inutilidad de los diputados, pero hay que andar con cuidado. No es mejor Parlamento el que más leyes aprueba. Hacer una ley mal causa mucho más daño que no hacerla. Tenemos un ejemplo perfecto en la famosa norma del ‘sólo sí es sí’, que produce efectos deletéreos, no porque los jueces que la aplican sean fachas, sino porque la ministra y su equipo son un completo desastre. A ello hay que sumar otro asunto: la duplicidad de las normas. ¿Qué sentido tiene que una comunidad autónoma se ponga a legislar sobre una materia que ya tiene una norma estatal? Si no se dan unas circunstancias concretas en el territorio que merezcan ser consideradas en el articulado de la norma, ponerse a hacer leyes por el hecho de hacerlas es absurdo. Recuerda a aquello que pasaba durante la pandemia cuando los presidentes autonómicos empezaron a decidir si se podía salir de tarde o de noche, si los bares cerraban, etcétera, y en el territorio limítrofe el jefe autonómico de turno tomaba las decisiones opuestas. En España sobran leyes y reglamentos. Habría que premiar al gobierno que impulsara la labor de anular normas. Es urgente.