Uno de los fenómenos sociales o laborales más sorprendentes del primer semestre del año es la huelga de los funcionarios de Justicia. Primero abrieron brecha los letrados y, una vez alcanzado el acuerdo, les tocó el turno a los funcionarios (auxiliares, oficiales, etcéctera). El 17 de abril empezaron a realizar paros intermitentes, pero ante la cerrazón del Ministerio de Justicia el 22 de mayo iniciaron una huelga indefinida. Un mes y siete días de paralización de la Justicia. Aparte de agravios del pasado, tanto los letrados, antes, como los funcionarios, ahora, iniciaron la protesta empujados por el empobrecimiento colectivo que supone una subida de precios de dos cifras y las nóminas sin actualizar. Es interesante recordar que el conflicto con los letrados finalizó en marzo, con un incremento medio en la nómina de 431 euros al mes.

En cuanto a los jueces y fiscales, al amenazar con iniciar los paros, el Ministerio de Justicia se avino a subirles entre 440 y 450 euros el salario mensual. Lo que me parece más llamativo no son las cifras, sino el tratamiento que les da el Ministerio. Basta que unos amenacen con la huelga para ver atendidas sus demandas (jueces y fiscales), otros tienen que estar dos meses de huelga (letrados de Justicia) y no logran el objetivo fijado (ganar el 85% del sueldo de los jueces), aunque sí tuvieron un incremento importante en sus remuneraciones. Por último, los 43.000 funcionarios que están en los escalafones más bajos del organigrama son tratados como clase de tropa: cuarenta días de huelga indefinida y el Gobierno no hace acuse de recibo.

Hace semanas que el secretario de Estado de Justicia (atención al nombre), Tontxu Rodríguez, les dijo a los sindicatos que negociaría después de la formación del nuevo Gobierno. Es decir, ‘ad calendas graecas’. Según Rodríguez, con el nuevo Gobierno se desarrollarán proyectos o anteproyectos donde se actualizará la problemática funcionarial. Si gana el PSOE, el Gobierno negocia desde una posición de fuerza; si pierde, el follón queda sin resolver para los nuevos titulares del poder.

Todo lo que ha sucedido en el primer semestre del año en el Ministerio de Justicia demuestra qué poco importa el tercer poder del Estado al primer y casi único poder. Cuando hicieron huelga los letrados quedaron 350.000 juicios aplazados. Seguro que alguna empresa quebró por el aplazamiento.

Muchos propietarios de pisos no pudieron recuperar los inmuebles que otros ocuparon. Qué injusticia es la Justicia.