Los últimos meses han sido muy agitados para la Justicia española, con la huelga de los letrados (dos meses), la amenaza de paro de jueces y fiscales y la actual huelga de los 43.000 funcionarios. Los abogados consideran que en este tiempo han visto disminuir sus ingresos en un 80%. Como es lógico, los bufetes menos consolidados son los que peor lo pasan, pudiendo verse abocados al cierre si se mantiene la anormalidad en el trabajo; al parecer, algunos ya han abandonado los despachos donde trabajaban y realizan la tarea desde sus domicilios. Sin duda, los abogados son víctimas de una situación que ellos no han creado ni tienen manera de intervenir para solucionarla. Las otros perjudicados son sus clientes, que ven paralizadas sus demandas o recursos por tiempo ilimitado. Hay juicios que ya se deberían haber celebrado y les han marcado fecha para avanzado el próximo año. A saber si no habrá más retrasos, dado que hay 10.000 actos aplazados sólo en Asturias. Hay que entender que el efecto de la inflación, al perder poder adquisitivo los salarios, ha puesto de relieve los problemas que ya atravesaba el mundo de la Justicia y el Gobierno no ha querido afrontar.

Los funcionarios se manifestaron en todas las capitales de provincia. Es muy costoso para gente que tiene ingresos modestos mantener una huelga durante tanto tiempo. Los sindicatos piden que se abra un procedimiento de mediación y arbitraje para resolver el conflicto de forma extrajudicial. En este caso, la patronal, por llamarla de una forma eufemística, está formada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Función Pública. Mal asunto, es una ’empresa’ especial que no registra pérdidas si los empleados no trabajan y el servicio que prestan a los clientes se interrumpe. No se sienten interpelados. Ya advirtieron hace tiempo de que hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo no se sentarán a negociar. Se nota que tenemos un Gobierno progresista comprometido con el servicio público y sensible a la igualdad: jueces, fiscales y letrados ven atendidas sus reclamaciones salariales, pero el grueso de la tropa puede esperar.

Esa forma de proceder revela que el Gobierno detecta que no tiene coste electoral el conflicto de la Justicia. La gente afectada lo sufre, pero el resto se siente impasible. Por razones complejas, la Justicia resulta lejana y abstrusa. No es como la Sanidad o la Educación. Por eso hay déficit de medios materiales y a los empleados no les atienden las tres ministras.