Argentina Cuendias, empleada de la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S. A. (Gitpa), participada al 100% por el Principado y dependiente de la Consejería de Industria, se ha convertido en protagonista de una noticia de alcance nacional, al reconocerle el Tribunal Constitucional (TC) el derecho de amparo solicitado, al haber sido vulnerado su honor y la presunción de inocencia en la comisión de investigación parlamentaria de la Junta General del Principado creada para analizar presuntas irregularidades habidas en la gestión de Gitpa, y en el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara.

En 2014, en pleno proceso de reducción de entes públicos en todas las regiones, la Junta General del Principado ordenó disolver Gitpa. Se conocieron dos informes describiendo irregularidades, confeccionados por funcionarios del Principado. La oposición trasladó el caso a la Fiscalía (tras tres años de investigación judicial el asunto fue sobreseído). La comisión de investigación parlamentaria llamó a Argentina Cuendias para preguntarle por dos correos, supuestamente de ella, que habían entregado anónimamente a la comisión, relacionados con amaños de contratos. Cuendias pidió asesoramiento al letrado de la Cámara, tres veces, y la presidencia de la comisión no lo concedió. El TC reconoce ahora que fue injustamente acusada de supuestos delitos e irregularidades, exige reparación en los textos oficiales donde se explicaba su proceder y refuerza con la sentencia la presunción de inocencia y el derecho al silencio en instancias extrajudiciales (comisión de investigación). Qué palo.

En el Principado hubo un tiempo, legislaturas 2012-2015 y 2015-2019, en que se pusieron de moda las comisiones de investigación parlamentaria. Antes casi no las había. Pronto se comprobó que los diputados no estaban mínimamente formados para ese trabajo y que no existía tradición en la institución. Con esas carencias las comisiones se convirtieron en pasto del sectarismo, de modo que trataban de reproducir en cualquier asunto la dialéctica de los plenos de la Cámara. La falta de formación de los diputados hizo que suplieran a los jueces y confeccionaran dictámenes muy semejantes a las sentencias penales. Ni que decir tiene que el garantismo del sistema judicial quedó borrado de un plumazo. Me permito sugerir una norma práctica para el futuro: cuando un asunto esté en el juzgado, evitar procesos paralelos.