Feijóo acudió a Ermua (Vizcaya) para participar en el homenaje anual a Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997. En su intervención lanzó algunos mensajes relacionados con el presente, al anunciar que si es presidente de Gobierno aprobará dos leyes, una que prohíba los ‘ongi etorri’ (las bienvenidas que dispensan a los etarras que salen de la cárcel) y otra que impida a los condenados por terrorismo formar parte de listas electorales. En los últimos comicios municipales, Bildu trató de llevar a siete etarras con delitos de sangre en sus candidaturas, aunque luego renunció ante la presión de partidos democráticos y de la opinión pública. No obstante, hubo otros 37 individuos, condenados por pertenencia y colaboración con ETA, que sí fueron candidatos de Bildu. ¿Por qué forma parte todo lo anterior de la actualidad electoral?

La participación de Bildu en la actividad política es un hecho aceptado por los partidos y las instituciones. Es una formación política legal. Si hay controversia en torno a Bildu es por haberse convertido, junto con ERC, en socio estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez. En Bildu hay un conglomerado de organizaciones, siendo Sortu la principal. Pues bien, en su dirección está el último jefe máximo de ETA, David Pla, así como Elena Beloki, ex responsable del aparato internacional de la banda terrorista. Un grupo de la naturaleza de Bildu nunca fue socio de gobiernos en Alemania, Francia, Holanda, Suecia, etcétera. Es una anomalía en la Europa democrática que un partido así forme parte de la gobernabilidad de un país.

Si el llamado Gobierno Frankenstein resulta inquietante es por cobijar dentro de la heteróclita mayoría parlamentaria a Bildu y ERC. El mayor lastre de Sánchez ante las urnas son las relaciones con grupos que quieren acabar con la Constitución y la unidad territorial de la nación. Cuando el presidente se queja del afán del PP por derogar lo realizado en los últimos cinco años, alguien le debería advertir que sus socios son los que tienen el programa más radical en materia de derogación: acabar con el ‘sistema de 1978’, que es lo mismo que echar a la papelera nuestro modelo democrático e intentar una nueva transición consensuada entre Otegi, Junqueras, Puigdemont y Pablo Iglesias. Me conformaría con que el Gobierno criticara a ese ramillete de demócratas con la mitad de intensidad que al centro-derecha. No entiendo que abominen de Vox y permiten que esa gente elabore leyes. La de la vivienda, por ejemplo.