En los últimos siete años fuimos los españoles convocados a cinco elecciones generales, cuando lo estipulado es que haya comicios cada cuatro años. Los gobiernos que surgieron de esos procesos fueron parlamentariamente débiles y socialmente impugnados, de ahí que ninguno agotara la legislatura. De las cinco elecciones, sólo en una ocasión el partido ganador superó los 123 diputados, mientras que en todas las elecciones generales anteriores celebradas desde el inicio de la democracia, (1977) los partidos victoriosos estuvieron, sin excepción, por encima de los 150 escaños.

Cuando se ganan las elecciones con un número de diputados muy bajo (por debajo de un tercio de los escaños de la Cámara), se producen dos efectos: el público interpreta que la victoria es muy relativa y el partido ganador, para poder gobernar, depende extraordinariamente de otros grupos.

En la agenda de los gobiernos la solución a los problemas se aplaza y tienen preferencia las exigencias de terceros. Dicho de otra manera, lo mejor de las energías de los gobiernos se vuelca en garantizar la supervivencia, mientras que las necesidades del país pasan a un segundo plano.

En la práctica, los gobiernos en precario, que eso es lo que tuvimos en España, ininterrumpidamente, desde el año 2015, son máquinas de aprobar gasto público para tener una base social superior a la base electoral y, también, para regar con millones los territorios donde hay poderosas minorías parlamentarias que los apoyan a cambio de inversiones. Un ejemplo clamoroso de esto último es el tratamiento del cupo vasco, que ha pasado de ser un cálculo de lo que debe aportar el Gobierno vasco al Estado por los servicios que presta en su tierra, a ser una cantidad fijada a viva voz, sin papeles que la sustenten. El caso es que pasan los años, todas las variables crecen y el cupo vasco sigue siendo de algo más de 1.400 millones de euros. Eso sí, suben las pensiones el 8,5% a los jubilados vascos, y el dinero sale de los Presupuestos Generales del Estado. El cupo no registra cambios.

Más allá de filias y de fobias, es preciso entender que los gobiernos en precario distorsionan el gasto público, haciéndolo girar en torno a dos variables: territorios aliados y colectivos sociales electoralmente sensibles.

Antes citaba al cupo vasco, que aprobaron siempre en el Congreso de los Diputados, PSOE, PP y Podemos. Ahora me voy a referir a un mecanismo que creó Mariano Rajoy en 2012, cuando el consejero de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, estaba con el agua al cuello (la Generalitat había emitido ‘bonos patrióticos’ al 4%, tocaba amortizar y la institución no tenía un duro). Así se creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como una herramienta para financiar a las regiones al margen del modelo de financiación autonómica.

Los fondos de la FLA al principio se prestaban con un interés superior al 5%, pero en un momento determinado Cristóbal Montoro, ministro de Economía con Rajoy, decidió que los prestaba gratis. Pues bien, a día de hoy, por esa vía, el Estado prestó a las regiones un total de 405.265 millones. La Cataluña deudora dio un salto espectacular en el periodo, 2019-2023, recibiendo 131.000 millones del FLA. A estas alturas, el 82% de la deuda de Cataluña es con el Estado. Se ha creado un circuito singular: la Generalitat amortiza la deuda que tiene con el FLA pidiéndole créditos al FLA. El Estado recibe el dinero con una mano y lo devuelve con la otra. Actualmente, el 40% de los fondos que entrega el FLA al año van para Cataluña. Los nacionalistas esperan que en la próxima legislatura se cambie el modelo de financiación autonómica para pedir una quita en su deuda.

La otra distorsión del gasto está en la parte del mismo que se desplaza en función de intereses electorales. El caso más claro está en la concentración de recursos en la tercera edad, un grupo homogéneo que vive en su gran mayoría de una fuente de riqueza, las pensiones, que contrastan con la escasez de financiación para la infancia y la juventud. De hecho, el colectivo donde hay un porcentaje menor de pobreza es la tercera edad, mientras que niños y jóvenes registran las mayores cuotas de pobreza. Este problema en España ya viene de muy antiguo, pero ha aumentado en los últimos años. La descompensación entre unos y otros triplica la media de lo que sucede en los países de la OCDE.

La distorsión en la asignación de recursos de los gobiernos en precario, habidos desde 2015, tiene consecuencias en la inversión y el crecimiento. Fijémonos, por ejemplo, en la tasa de inversión por alumno universitario. La media de la UE es de 17.670 euros (los principales países, excepto Italia, por encima de 20.000), España, 14.237 euros. Tasa de paro de los graduados: todos los países, menos Grecia, por debajo de España en paro.

Una ratio muy esclarecedora es el PIB per cápita. Estamos en el 85% de la media de la UE. En los últimos tres años nos adelantaron Eslovenia, Lituania y Estonia. Antes de la pandemia ya nos habían superado Chequia, Malta y Chipre. De los 27 países de la UE, 17 tienen un PIB per cápita superior al español. Si reducimos la comparación a los miembros de la eurozona, la diferencia aumenta a los 19 puntos.

Aunque la batalla electoral sea ideológica y maniquea, estoy convencido de que la formación de gobiernos que puedan gozar de un margen de autonomía sobre lobbys sociales y territoriales sería una fuente de progreso.